La Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional electa en 2015 aprobó el informe sobre las irregularidades presuntamente cometidas por funcionarios públicos, titulares de las gerencias en las empresas Pequiven-Monómeros, bajo control del gobierno interino de Juan Guaidó.
Prensa Monómeros Colombo Venezolanos
El documento, aprobado con el voto de 7 diputados, declara la responsabilidad política en los hechos irregulares sobre Guillermo Rodríguez Laprea, gerente Monómeros Colombo Venezolanos S.A., porque supuestamente ocultó información a la AN con la finalidad de evitar que se conozca la verdad acerca de la contratación con la empresa LyonStreet, una compañía que había representado anteriormente.
Rodríguez Laprea habría propuesto un negocio jurídico a Monómeros, el cual es considerado por el procurador especial Enrique Sánchez Falcón como una contratación “innecesaria”.
“No queda duda de que la empresa Monómeros corría el riesgo de una toma, no ‘hostil’ sino sutil: en un ‘Acuerdo de Colaboración Empresarial’ con LyonStreet, a la cual, se le da la transferencia de casi todas las competencias de Monómeros en el negocio que es su misión y en el reparto de beneficios y utilidades, si los hubiere, 40% sería para Monómeros y 60% para LyonStreet”, cita el escrito.
Asimismo, en el informe se recomienda declarar responsabilidad política y destitución inmediata de su cargo a la presidenta de la Junta Administradora ad hoc de Pequiven, Diana Bracho. Se le acusa de no atender el compromiso que su alto puesto de trabajo le impone de vigilar el buen funcionamiento y la transperencia en el desempeño de la Junta Directiva de Monómeros.
En el documento también recomienda que se cumplan a los acuerdos de la Comisión de Contraloría, sobre la estructuración total de la junta directiva de Monómeros Colombo-Venezolano S.A., así como la ejecución de una auditoría interna.
“Además, para que no continúe recayendo sobre la Asamblea Nacional legítima, ni sobre el gobierno interino la descomunal campaña de desprestigio que tiene su soporte y su justificación en funcionarios que han debido ser removidos de sus cargos, tal y como reiteradamente lo solicitamos desde esta Comisión”, señala el texto.
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Redacción Maduradas
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