El abogado constitucionalista y crítico del Gobierno de Nayib Bukele, Enrique Anaya, fue detenido el sábado por la Policía salvadoreña bajo el cargo de lavado de dinero, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Nayib Bukele, Presidente de El Salvador durante una asamblea. Foto:MARVIN RECINOS / AFP
«Este día, se ha ejecutado la captura de Salvador Enrique Anaya Barraza, por el delito de Lavado de Dinero y Activos. Será remitido a los tribunales correspondientes en los próximos días», publicó escuetamente la FGR en X.
De acuerdo con publicaciones de medios salvadoreños, la detención se dio en la residencia de Anaya, donde habrían llegado investigadores vestidos de civil, sin que la FGR o la Policía hayan brindado detalles del caso.
Anaya es un fuerte crítico del Ejecutivo del presidente Bukele, enfocado principalmente en aspectos jurídicos y que en las últimas semanas ha denunciado desde redes sociales las que considera irregularidades en el proceso penal que enfrenta la abogada anticorrupción Ruth López, detenida el pasado 18 de mayo y procesada por enriquecimiento ilícito.
López, de 47 años, es una reconocida abogada de la ONG de derechos humanos Cristosal que indagaba supuestos casos de corrupción del gobierno, asistía a víctimas de la política de seguridad de Bukele y a familias de 252 venezolanos deportados por Washington y presos en El Salvador.
«Soy inocente. Soy una presa política (…). Me quieren acusar por mis denuncias contra la corrupción de este gobierno. No hay ninguna institución pública que garantice los derechos», dijo el jueves al salir de un juzgado que ordenó su detención provisional.
«Cada vez más cuestionada y confrontada la dictadura bukeleana en el plano internacional: ahora es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)», dice la última publicación de Anaya en X.
La jefa del área Anticorrupción y Justicia de la organización Cristosal, Ruth López. Foto:EFE
Esto fue en referencia a un comunicado de la CIDH publicado el viernes, en el que el organismo, que forma parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA), manifestó su preocupación por las «detenciones recientes contra personas defensoras de derechos humanos».
El organismo hizo referencia a las detenciones de la abogada y defensora de derechos humanos López, el abogado ambientalista Alejandro Henríquez, el pastor evangélico y líder comunitario José Ángel Pérez, y al portavoz de una organización humanitaria Fidel Zavala.
Además, destacó la existencia de «órdenes de arresto contra Ivania Cruz y Rudy Joya, todos defensores de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios», junto a Zavala.
«Organizaciones de la sociedad civil cuestionan que las causas penales serían una forma de represalia por su labor con personas detenidas durante el régimen de excepción y por denuncias de abusos en las cárceles», expuso la CIDH.
Presuntos miembros del Tren de Aragua deportados por EE. UU. a El Salvador. Foto:AFP
También apuntó que «frente a las alegaciones sobre el uso indebido del derecho penal con el posible fin de intimidar, castigar o impedir las actividades de defensa de derechos humanos, la CIDH llama al Estado a abstenerse de incurrir en esta práctica»
El sábado, La Unión Europea (UE) también expresó «preocupación por las recientes detenciones de defensores de los derechos humanos, y espera que las autoridades salvadoreñas respeten sus derechos fundamentales a la libertad de expresión y al debido proceso, así como que garanticen su seguridad e integridad física», publicó en X la delegación de la UE en El Salvador.
Además, lamentó la adopción de la Ley de Agentes Extranjeros, que imponen un impuesto del 30 % a las donaciones internacionales a organizaciones.
Fuardias vigilan la entrada del Centro Judicial de Chalatenango, El Salvador. Foto:AFP
«El Salvador: La UE lamenta la adopción de la Ley de Agentes Extranjeros, que podría restringir el trabajo de la sociedad civil y contradice las obligaciones internacionales», publicó en X la delegación de la UE en El Salvador.
El mensaje fue compartido con la publicación de una declaración de la UE en su portal, en el que se indica que «contradice las obligaciones contraídas por El Salvador en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que es Estado Parte».
Además, «corre el riesgo de restringir el acceso de los actores de la sociedad civil al financiamiento, que es esencial para su funcionamiento y vital para cualquier democracia saludable».
Publicado por Autor El Tiempo
