Amnistía Internacional informó sobre la liberación del activista y artista Manuel Finol, gerente de Amnistía Venezuela, tras estar «retenido» un par de horas en el aeropuerto de Maiquetía. Según informaciones, los efectivos de la Dgcim le indicaron iba a ser «sometido a revisiones de celular y a un traslado»
El activista y artista Manuel Finol fue liberado tras ser «retenido de forma arbitraria» durante unas horas por funcionarios de la Dirección general de Contrainteligencia Militar (Dgcim) la mañana de este jueves 30 de octubre en el aeropuerto internacional de Maiquetía.
Finol, quien se desempeña como gerente de Amnistía Venezuela, fue abordado por funcionarios de la Dgcim y le indicaron «que será sometido a revisiones de celular y a un traslado», denunció más temprano Amnistía Internacional en redes sociales.
Marco Gómez, director de la organización, indicó que a Finol se le impidió su viaje de trabajo, al tiempo que agradeció las acciones de otras ONG y defensores de derechos humanos para denunciar la situación.
Amnistía había solicitado su «liberación inmediata e incondicional», y resaltó la trayectoria del activista tanto en el ámbito artístico como en la defensa de los derechos humanos en Venezuela.
Activistas y defensores de derechos humanos también se solidarizaron con Finol y exigieron su liberación, que calificaron como un atropello.
Amnistía Internacional ha denunciado de forma reiterada el uso de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y, en los últimos meses, el aislamiento como parte de un patrón de represión política de la administración de Nicolás Maduro contra opositores y sociedad civil.
En recientes informes, la organización también ha denunciado la criminalización del activismo y la vigilancia sobre la sociedad civil. Además, han solicitado de forma reiterada la liberación de las personas detenidas por razones políticas en el país, en especial de activistas y defensores de DDHH como Javier Tarazona, Rocío San Miguel, Carlos Julio Rojas, Eduardo Torres o Kennedy Tejeda.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
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