El gobierno estadounidense emitió un fuerte reclamo público dirigido a las autoridades del régimen de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo. La administración norteamericana calificó a los líderes centroamericanos de dictadores y solicitó la excarcelación urgente de todas las personas detenidas por razones políticas en el país.
LEA TAMBIÉN
El mensaje oficial puso énfasis en el impacto humano de estas detenciones durante la temporada de fin de año. El organismo señaló que “en estas fiestas, demasiados nicaragüenses verán en sus mesas asientos vacíos donde deberían estar sus seres queridos, mujeres y hombres detenidos injustamente o desaparecidos arbitrariamente por la dictadura Murillo-Ortega”.
Daniel Ortega junto a su esposa y copresidenta, Rosario Murillo. Foto:Presidencia de Nicaragua/ EFE
La declaración de la administración del presidente Donald Trump fue contundente respecto al sufrimiento de los familiares de los detenidos. “Su dolor e incertidumbre son un recordatorio diario de la inhumanidad del régimen. Liberen ya a todos los presos políticos nicaragüenses”, sentenció el comunicado.
Quiénes son los detenidos en Nicaragua
Según los datos del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, una entidad que cuenta con el aval de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, actualmente hay al menos 62 opositores y críticos del gobierno tras las rejas. De este grupo, 18 son adultos mayores y se reportan 28 casos en condición de «desaparición forzada».
LEA TAMBIÉN
Entre las figuras destacadas que permanecen privadas de su libertad se encuentran líderes indígenas como Brooklyn Rivera Bryan, el exasesor de Ortega Álvaro Baltodano, varios militares retirados y el excomandante sandinista Henry Ruiz, quien se encuentra bajo arresto domiciliario desde marzo.
Un trabajador del diario La Prensa revisa un papel durante el proceso de impresión en Managua. Foto:AFP
Presión económica y diplomática
Esta exigencia de libertad se da en un contexto de endurecimiento de la política exterior de Washington hacia Managua. Recientemente, el mandatario estadounidense calificó a Nicaragua, junto con Venezuela y Cuba, como naciones que han sido “tomados por narcoterroristas”.
Como medida de presión ante las políticas que la Casa Blanca considera «irrazonables» en materia de derechos humanos y laborales, Washington confirmó hace pocos días que está evaluando acciones económicas severas. Estas incluyen la posible expulsión de Nicaragua del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta) y un aumento de los aranceles en un 100%.
Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, lanzó duras críticas contra la administración sandinista en febrero. El funcionario resumió la situación política del país afirmando que “se convirtió en una dinastía de familia con una copresidencia (Rosario Murillo, la esposa de Ortega) donde básicamente trataron de eliminar la iglesia Católica, todo lo religioso y todo lo que pueda amenazar el poder a ese régimen”.
Ortega y Murillo consagran su poder total en Nicaragua Foto:
Cambios en el poder judicial nicaragüense
Mientras aumenta la presión internacional, el régimen de Ortega continúa consolidando su control interno. La Asamblea Nacional juramentó el pasado jueves 27 de noviembre a cinco nuevos magistrados para la Corte Suprema de Justicia.
La selección ha generado controversia, ya que tres de los elegidos han sido sancionados por Estados Unidos debido a su presunta participación en la represión contra la oposición.
LEA TAMBIÉN
El listado de los nuevos funcionarios incluye a José Manuel Fuertes Toledo, exsecretario político del Frente Sandinista en Boaco; la jueza de Bluefields Shura Bonilyn Welcome Crawford; los jueces de apelaciones Ernesto Rodríguez y Octavio Rothschuh; y la exfiscal general Ana Julia Guido.
Miembros antidisturbios de la policía durante una protesta en Nicaragua. Foto:Efe
Los antecedentes de los magistrados sancionados son específicos. En el caso de Ana Julia Guido, quien fue guerrillera sandinista y subdirectora de la Policía Nacional, Washington la sancionó por “crear una unidad especializada que fabrica acusaciones contra personas manifestantes y que realiza procedimientos jurídicos contra ellas”, además de beneficiarse de actividades represivas.
LEA TAMBIÉN
En cuanto a Ernesto Rodríguez y Octavio Rothschuh, ambos figuran entre los jueces responsables de despojar de su nacionalidad a más de 300 disidentes. Entre las víctimas de estas medidas se encuentran los obispos Silvio Báez y Rolando Álvarez, así como los reconocidos escritores Gioconda Belli y Sergio Ramírez.
*Artículo desarrollado con apoyo de IA y revisado por un periodista.
Publicado por Autor El Tiempo
