La policía de Honduras arrestó este martes al exalcalde de Tocoa, Adán Fúnez, acusado de ordenar el asesinato del ambientalista Juan López, ocurrido el 14 de septiembre de 2024 en el noreste del país. López, líder comunitario y opositor a un proyecto minero de óxido de hierro en una reserva natural, había denunciado amenazas y contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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Juan López, de 46 años, fue asesinado a tiros al salir de una iglesia en la localidad de Tocoa, en el departamento de Colón. El activista era reconocido por su oposición a la explotación minera en la zona de Guapinol y por denunciar presuntos vínculos entre autoridades locales y actividades ilícitas.
Captura de exalcalde y avance de la investigación
La Policía hondureña informó que Adán Fúnez, quien era alcalde de Tocoa al momento del crimen, fue detenido junto a otro hombre señalado como intermediario entre el político y los autores materiales del ataque. Según el comunicado oficial, las autoridades consideran a ambos como “autores intelectuales” del asesinato.
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De acuerdo con la investigación, Fúnez habría financiado el crimen, mientras que Héctor Méndez presuntamente coordinó la comunicación con los sicarios. La Policía indicó además que un tercer sospechoso continúa prófugo y es señalado de organizar la logística del atentado.
El ambientalista hondureño Juan López Foto:AFP.
Días antes de su asesinato, López había solicitado públicamente la renuncia de Fúnez tras la difusión de un video grabado en 2013, en el que el entonces alcalde aparecía presuntamente negociando sobornos con narcotraficantes.
En ese mismo video también aparecían dirigentes del partido oficialista Libre, entre ellos el diputado Carlos Zelaya, hermano del expresidente Manuel Zelaya. Tras la divulgación de las imágenes, el legislador renunció a su cargo.
Condena internacional y antecedentes
El asesinato de Juan López fue condenado por organismos internacionales, incluida la ONU, así como por el papa Francisco. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos había otorgado medidas cautelares al ambientalista en 2023 debido a las amenazas en su contra.
Fúnez negó cualquier implicación en el crimen. La presidenta Xiomara Castro, quien estaba en funciones cuando ocurrió el asesinato, expresó entonces su rechazo al ataque y pidió una investigación exhaustiva.
O Globo (Brasil) / GDA.
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*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de O Globo (GDA), y contó con la revisión de la periodista y un editor.
Publicado por Autor El Tiempo