Después de que las autoridades colombianas identificaran a Luis Carlos Vélez Romero, alias El Mono, como el presunto operador financiero de una red que habría movilizado alrededor de tres toneladas de cocaína, marihuana y precursores químicos, desde el Gobierno nacional se distanciaron del polémico capo.
La Fiscalía sostiene que existen pruebas técnicas y testimoniales que lo vinculan con al menos once envíos de droga durante 2022, dos de ellos realizados mientras ostentaba el rol de gestor de paz designado por el gobierno de Gustavo Petro.
Tras la noticia, el comisionado de Paz, Otty Patiño, reaccionó con distancia frente a la captura del hombre, pese a haber obtenido los beneficios del Ejecutivo en medio de la estrategia de Paz Total implementada por el gobierno de Gustavo Petro.
“Hasta ahora me entero, y no me interesa. No sé quién es. Nosotros somos consejería de Paz, no investigadores”, señaló el alto comisionado en diálogo con El Tiempo.
Patiño también dejó claro que, a pesar de estar al frente de los procesos de diálogos de paz con grupos armados y bandas criminales, el área a su cargo no realiza labores de verificación judicial ni seguimiento a los antecedentes de quienes reciben la designación de gestores.
“Nosotros lo que hacemos es conversar con estos delincuentes, no verificamos quiénes son. El visto bueno para este tipo de resoluciones es de la Fiscalía”, señaló el comisionado.
Incluso, el funcionario aseguró que, pese a las críticas por los presuntos beneficios entregados a los gestores de paz, ninguna institución judicial ha sido sido limitada para continuar sus investigaciones y actuaciones contra los designados por el Gobierno nacional para entablar diálogos.
Explicó además que la Fiscalía debe actuar si la persona comete delitos fuera de sus funciones y que el objetivo de la política es que los gestores abandonen las actividades ilícitas.
“Ningún órgano tiene las manos amarradas para juzgar o capturar a un gestor de paz. La mayoría están implicados como narcotraficantes, y eso lo sabemos. Si no hay cese del fuego con el grupo y si la persona está delinquiendo por fuera del área de gestión de paz, la Fiscalía debe actuar. Una de las razones es que ellos abandonen este tipo de economías ilícitas”, comentó Patiño a El Tiempo.
Según Patiño, la resolución que habilitó la labor de Vélez Romero como gestor de paz fue avalada por la Fiscalía, y la Consejería solo sostiene conversaciones con estos actores sin comprobar sus antecedentes.
La Fiscalía General de la Nación afirma que existe suficiente evidencia para vincular a Vélez Romero, abogado caleño, como operador financiero y logístico de una red de tráfico que habría movilizado cerca de tres toneladas de cocaína, marihuana y precursores químicos.
El ente acusador sostiene que Vélez ordenó y financió al menos once envíos de droga en 2022, incluyendo dos grandes cargamentos durante su nombramiento como gestor de paz.
El caso adquirió notoriedad cuando se supo que parte de la cocaína se habría transportado en camionetas blindadas de la Unidad Nacional de Protección (UNP). El principal testigo es Manuel Castañeda Bernal, apodado el narcochofer, capturado en 2022 al trasladar 168 kilos de cocaína en un vehículo oficial. Castañeda sostiene que Vélez era el delegado encargado de los pagos y mantenía contacto directo con la red.
Vélez Romero alegó pertenecer al cabildo Inga de Condagua, en el Cauca, por su matrimonio con una de sus integrantes. La defensa argumentó que, por esa condición y por ser padre cabeza de familia, debía recibir detención especial, pero la jueza desestimó ese pedido y ordenó su traslado a prisión mientras avanza el proceso.
El expediente de la Fiscalía también involucra a Jhon Jairo Giraldo Portilla, alias JJ, otro gestor de paz, señalado como primo de alias Araña, jefe de los Comandos de la Frontera y antiguo gestor liberado que volvió a delinquir. Las pruebas indican que la red coordinaba envíos de droga desde el Cauca hacia varias regiones del país.
Publicado por Autor Infobae
