Nueve jubilados estadounidenses empezaron a recuperar las llaves de sus casas de lujo en Nicaragua, confiscadas por la dictadura hace menos de dos meses. El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) inició las devoluciones el jueves 15 de octubre, cuatro días después de que El Confidencial Nicaragua reveló el despojo.
Una fuente del propio instituto confirmó el giro a El Confidencial Nicaragua, aunque con cautela. “Por el momento solo te puedo decir que las están devolviendo”, apuntó, sin precisar si el régimen restituirá las nueve propiedades o solo una parte.
El Gobierno no ofreció explicación pública alguna, ni sobre el motivo original de la confiscación ni sobre esta marcha atrás. La Procuraduría General de Justicia (PGJ) ocupó nueve viviendas en Tola a finales de agosto de 2026 y las transfirió al INSS sin explicación oficial; cuatro días después de que la prensa reveló el caso, el instituto comenzó a entregar las llaves, aunque sin confirmar si la restitución será total.
Las casas están ubicadas en playa Gavilán, en el municipio de Tola, departamento de Rivas, sobre la costa del Pacífico nicaragüense. La PGJ las confiscó a finales de agosto y luego las donó al INSS, el mismo mecanismo que el régimen ha aplicado durante años contra opositores y expresos políticos.
El día de la ocupación, los dueños se encontraban fuera del país. En las viviendas solo estaban los vigilantes, a quienes hombres que se identificaron como “funcionarios del INSS” ordenaron retirarse porque los inmuebles habían “pasado a manos de la institución”.
Desde entonces, personas puestas por el Gobierno custodiaban las propiedades, según los afectados. Una fuente gubernamental confirmó a El Confidencial Nicaragua que a esos vigilantes “ya se les ordenó irse de las casas”.
Los jubilados no viven de forma permanente en Nicaragua. Usan las casas para pasar temporadas, escapar del invierno estadounidense o prestárselas a familiares y amigos.
El funcionario que atendió el reclamo de los propietarios en la sede central del INSS, en Managua, llegó a ofrecerles alquilar sus propias viviendas por unos USD 2.000 mensuales, una propuesta que los afectados rechazaron.
Los estadounidenses llegaron a Nicaragua en la década de 2000 y terminaron de construir sus casas en 2010, al amparo de la Ley 690, Ley para el Desarrollo de Zonas Costeras. Esa norma les permitía ser propietarios de las construcciones aunque el terreno perteneciera al Estado, por lo que pagaban un canon anual de USD 1.000 a la Alcaldía de Tola, administrada por el Frente Sandinista.
Uno de los afectados detalló que la casa más pequeña costó cerca de USD 500,000 y la más grande, entre USD 700,000 y USD 800,000. Al sumar las construcciones, las mejoras realizadas en los últimos 15 años y el valor de los enseres sustraídos, otro de los propietarios calculó pérdidas totales de USD 15 millones.
Las propiedades, algunas con piscina y paneles solares, estaban completamente amuebladas: sillones, estanterías, cuadros, jarrones, televisores de pantalla plana, refrigeradores, aires acondicionados, camas y hasta ropa y artículos personales de los dueños.
Consultado por El Confidencial Nicaragua, un vocero del Departamento de Estado calificó lo ocurrido como “profundamente lamentable” y sostuvo que el Gobierno de Nicaragua “irrespeta reiteradamente los derechos de propiedad”.
El funcionario agregó que la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua tiene conocimiento de “numerosos casos de confiscación de propiedades sin justificación”, aunque no precisó una cifra total de ciudadanos afectados.
El caso de playa Gavilán no es un hecho aislado. Según una investigación del mismo medio, entre agosto de 2024 y octubre de 2026 la Procuraduría transfirió 372 propiedades al INSS bajo la figura de donación, cifra que se eleva a 374 si se suman dos entregas previas realizadas en 2021 y 2023.
Las viviendas de Tola marcaron, además, la primera vez documentada en que ese mecanismo de confiscación se aplicó directamente contra ciudadanos extranjeros, y en particular contra estadounidenses.
Este es el segundo caso en 2026 en que el régimen devuelve un bien confiscado a ciudadanos de Estados Unidos. En mayo, la dictadura había restituido la minera BHMB a su dueño, el inversionista Baruch Rapoport, de nacionalidad estadounidense y británica, después de haberla expropiado en septiembre de 2025.
Los estadounidenses siguen siendo, hasta ahora, los únicos ciudadanos a quienes el régimen les ha devuelto propiedades. Desde 2018, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha expropiado centenares de bienes pertenecientes a ciudadanos nicaragüenses, empresas, medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales, universidades, cámaras empresariales e iglesias, sin que se registre ninguna restitución en esos casos.
Las devoluciones ocurren en medio de un deterioro acelerado de la relación bilateral. El 13 de octubre, el Departamento de Estado llamó a consultas a su encargado de negocios en Managua, Elias Baumann, después de que el régimen rechazó el plácet a Natasha Franceschi, designada por la administración de Donald Trump como nueva embajadora y confirmada por el Senado el 30 de septiembre.
El Departamento de Estado sostuvo que la negativa de Ortega y Murillo demuestra su “total falta de voluntad para entablar un diálogo diplomático productivo”. Estados Unidos no cuenta con embajador en Managua desde mayo de 2023.
La confrontación se suma a otras medidas de presión adoptadas en los últimos meses. En abril, Washington sancionó a hijos de la pareja presidencial y a empresas mineras vinculadas al Gobierno, y en junio el secretario de Estado, Marco Rubio, calificó al régimen de “enemigo de la humanidad” y anunció restricciones de entrada para más de 100 funcionarios nicaragüenses y sus familiares.
A inicios de octubre, los países de la Organización de los Estados Americanos acordaron crear un grupo voluntario de negociación con Nicaragua, que dejó el organismo en 2023, para intentar abrir un diálogo directo con las autoridades del país centroamericano.
Publicado por Autor Infobae
