Douglas Pereira, coordinador de la organización Jubilados Guerreros de Occidente y vocero de los jubilados y sobrevivientes de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en el estado Zulia, denunció que la directiva de la estatal calculó un excedente de 705 millones de dólares correspondiente al ejercicio económico de 2016, pero posteriormente decidió no entregarlo a los beneficiarios.
Durante una entrevista para el programa Punto y Seguimos de Radio Fe y Alegría, Pereira señaló que la directiva administradora del Fondo de Pensiones informó inicialmente sobre la disponibilidad de las ganancias del año 2016 para ser repartidas entre los más de 45.000 jubilados y sobrevivientes registrados en el país. Sin embargo, en una reunión el 7 de septiembre en Caracas, las autoridades se retractaron de la medida.
“La empresa, a través de la administradora de nuestros fondos de pensiones, informó que ese dinero todavía no se iba a distribuir, mejor dicho, dijeron que no había ningún dinero que distribuir”, denunció Pereira en la entrevista realizada el 22 de octubre.
Acotó que aún están pendientes por auditar y liquidar los ejercicios económicos correspondientes al periodo 2017-2025, además del año 2026 en curso.
“No tenemos una cifra real de lo que han arrojado los nueve ejercicios económicos que están pendientes por cancelar. Lo que nos preocupa es que, después que se nos informa que el ejercicio 2016 está listo y que el 2017 estaba por ser auditado, nos digan que ese dinero no se iba a distribuir. Pareciera que fuera un engaño o una manipulación por parte de los administradores”, manifestó.
Colapso de la asistencia médica y desmejora de beneficios
El representante sindical expuso que el deterioro del nivel de vida de los extrabajadores petroleros abarca la suspensión de los servicios de salud consagrados en la normativa laboral vigente.
“Lo que ha venido sucediendo en los últimos años ha sido la desmejora sustancial de nuestro beneficio social y económico, no solamente de la remuneración, sino también de la asistencia médica integral, que está consagrada en la cláusula 42 de la Convención Colectiva, la cual establece que la empresa debería contratar, como lo hacía hace 7 u 8 años atrás, empresas clínicas privadas para poder atender la demanda de todos los trabajadores beneficiarios, ya sea trabajadores activos, jubilados, sobrevivientes tanto de PDVSA como de Pequiven”, explicó el dirigente.
Asimismo, el vocero desestimó que la crisis del fondo de pensiones responda exclusivamente a las sanciones económicas internacionales esgrimidas por la directiva de la empresa estatal petrolera.
“La empresa dice que a raíz de las sanciones que se le aplicaron desde Estados Unidos a Venezuela, conllevó a no poder cumplir con esos compromisos. Sin embargo, el fondo de pensiones tiene que ver con una responsabilidad. Cuando se creó en noviembre del año 1993, se hizo con el solo propósito de garantizar una vejez digna, que nos permitiera disfrutar ese dinero que ahorramos durante los años de nuestra vida laboral”, sostuvo.
Por otra parte, el vocero de los jubilados en el estado Zulia rechazó la disparidad existente en la asignación de los beneficios de alimentación entre el personal activo y el personal jubilado, y exigió sean homologados.
“A los trabajadores activos les dan 200 dólares mensuales y a nosotros 80. Entonces hay discriminación. Son derechos adquiridos que deben ser distribuidos a la par en el cuerpo de jubilados. Todos somos adultos mayores, tenemos que salir a protestar porque lo que nos están pagando no nos alcanza para cubrir las necesidades básicas de nuestros hogares, ni para comprar medicamentos, ni para atender necesidades inmediatas de salud”, advirtió Pereira.
Acciones legales de los jubilados de PDVSA
Ante la falta de soluciones por la vía administrativa, los jubilados emprendieron acciones legales e institucionales para exigir respuestas de los organismos del Estado, como también lo han hecho en anteriores oportunidades otros sindicatos petroleros para solicitar reivindicaciones salariales.
“Hay un grupo de compañeros que han interpuesto algunas acciones de tipo jurídica, han ido a las instancias competentes. Hay un equipo de abogados especialistas entre los jubilados petroleros que están trabajando en esto. También hay conversaciones con los representantes de la Organización de las Naciones Unidas para que ellos también intercedan ante el gobierno”, informó Pereira.
El dirigente mostró copias de las comunicaciones entregadas formalmente a la Presidencia de la República y a las altas autoridades de la industria petrolera, con la intención de obtener respuestas sobre el pago de lo adeudado.
“Estamos preocupados porque se nos han venido muriendo paulatinamente nuestros colegas, jubilados y sobrevivientes, y no es el deber ser”, lamentó el coordinador de la organización Jubilados Guerreros de Occidente.
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