El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este lunes 2 de noviembre la muerte de Elvis José Márquez Peña, quien se encontraba privado de libertad en el Centro Penitenciario de Carabobo, conocido como La Mínima, ubicado en Tocuyito.
El interno falleció el pasado 24 de octubre en el Hospital Dr. Enrique Tejera, en Valencia, debido a un shock séptico de origen urinario, asociado a una infección del tracto urinario.
De acuerdo con la información publicada por la organización en su cuenta de X, el agente causante de la infección estaba pendiente de identificación. El OVP advirtió que el fallecimiento plantea interrogantes sobre el estado de salud previo de Márquez Peña, el momento en que comenzó a presentar síntomas y la atención médica que recibió antes de su traslado al centro hospitalario.
Posibles fallas en la atención médica
El director del OVP, Humberto Prado, exigió una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial para determinar las circunstancias en las que se produjo la muerte del detenido. Entre los aspectos que pidió esclarecer figuran cuándo comenzó la infección, qué atención médica recibió, si le suministraron los medicamentos necesarios y si hubo retrasos en el diagnóstico o en su traslado al hospital.
Prado también reclamó que se identifique a los funcionarios responsables de la atención y custodia de Márquez Peña, así como que se investiguen posibles omisiones y se establezcan las responsabilidades penales, administrativas o civiles que correspondan.
La organización recordó que las infecciones urinarias pueden provocar complicaciones potencialmente mortales cuando no se diagnostican ni se tratan oportunamente. En ese sentido, señaló que las personas privadas de libertad dependen de las autoridades penitenciarias para acceder a consultas, medicamentos y traslados hospitalarios, por lo que garantizar su derecho a la salud y a la vida constituye una obligación del Estado.
OVP contabiliza más de 70 muertes de presos desde abril
El Observatorio Venezolano de Prisiones indicó que desde abril de 2026 ha documentado más de 70 muertes de personas privadas de libertad, en un contexto de graves deficiencias en la atención médica penitenciaria. La organización sostuvo que detrás de estas cifras hay internos que dependían de las autoridades para recibir diagnósticos, tratamientos y atención especializada que podían resultar determinantes para su supervivencia.
Ante esta situación, Prado exigió al Ministerio para el Servicio Penitenciario una evaluación médica urgente de los reclusos que presenten síntomas de infección o padezcan enfermedades graves, además del suministro de tratamientos y medicamentos y la realización de traslados hospitalarios sin demoras que pongan en riesgo sus vidas.
Asimismo, instó al Ministerio Público a investigar las muertes ocurridas bajo custodia del Estado que estén asociadas a posibles fallas en la atención sanitaria, esclarecer las circunstancias de cada caso y garantizar que las vulneraciones del derecho a la salud y a la vida no queden impunes.
El director del OVP afirmó que la falta de respuesta de las autoridades ante las denuncias no debe convertirse en una excusa para la impunidad. Reiteró que la organización continuará documentando los fallecimientos y exigiendo a los organismos competentes que investiguen, rindan cuentas y cumplan con su responsabilidad de proteger los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
Publicado por Autor El Diario