En una escena poco común, esta semana cientos de personas se atiborraron en las calles de Puerto Príncipe, la capital de Haití, en plena noche y al ritmo de música creole, para corear el nombre de un presidente que vive a más de 1.800 kilómetros de distancia: Nayib Bukele.
Así, festejaban el despliegue de más de 2.000 soldados salvadoreños que patrullan desde hace dos semanas el país con la mayor tasa de homicidios del mundo.
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El júbilo refleja el hastío de un país sumido en un vacío institucional desde el magnicidio del presidente Jovenel Moïse en 2021 y que hoy es gobernado en solitario por Alix Didier Fils-Aimé —tras la disolución del fallido Consejo Presidencial de Transición en febrero—, mientras las bandas armadas mantienen bajo asedio a la población.
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Y es que lo que comenzó a finales de octubre como un despliegue exprés de 200 soldados para rescatar a técnicos salvadoreños secuestrados y apoyar las labores de seguridad internacionales en Haití, menos de un mes después se convirtió en una contundente operación militar unilateral con más de 2.000 efectivos desplegados en el terreno, transformando la misión de auxilio inicial en una intervención directa y sostenida contra las pandillas en territorio haitiano.
Aunque la operación se realiza en virtud de un acuerdo bilateral entre los Gobiernos de Haití y El Salvador, las críticas internacionales se concentran en que El Salvador actúa por fuera del marco de la ONU por lo que hay dudas sobre el objetivo, las garantías y el alcance real del despliegue.
La Asociación de las Naciones Unidas en Haití envió una carta al secretario general de la ONU, António Guterres, en la que acusó a las fuerzas salvadoreñas de bombardear civiles cerca de Puerto Príncipe. “Los niños están siendo asesinados no por pandillas, sino por bombas extranjeras”, señalaba la misiva.
Apegado a su estilo, Bukele respondió a través de sus redes sociales: “¿Bombas? Nuestra misión ni siquiera tiene bombas a su alcance. ¿Bombardeos aéreos? ¿Ataques de helicópteros artillados? (…) Estas ONG mienten con total impunidad, mientras ejercen una enorme influencia sobre organizaciones internacionales”.
Bombs?
Our mission doesn’t even have bombs at its disposal.
Aerial bombardments? Helicopter gunship attacks?
Our attack helicopters didn’t arrive in Haiti until October 29. Their arrival was widely covered by the media, with plenty of videos and social media posts documenting it.
Yet this “report” was published a day before our helicopters even arrived. And as of today, they haven’t flown a single mission.
These NGOs lie with impunity, while wielding enormous influence over international organizations.
They are nothing more than lobbying firms for criminals and cartels, masquerading as humanitarian organizations.
— Nayib Bukele (@nayibbukele) October 31, 2026
Asimismo, el mandatario ha insistido en que no se trata de una invasión del país caribeño y aseguró que su gobierno no tiene interés en dominar al pueblo haitiano ni en apropiarse de su riqueza. No obstante, analistas consultados por este diario advierten que el operativo ya trascendió la justificación de recuperar a los connacionales secuestrados, que siguen sin aparecer, y podría perfilar sus aspiraciones regionales.
“Bukele siempre ha sido alguien que tiene aspiraciones de liderazgo, no solamente para su país, sino para la región y para el mundo”, dijo a EL TIEMPO Renata Segura, directora del Programa para América Latina y el Caribe de International Crisis Group.
“Él está convencido de que el éxito de seguridad que ha logrado traer a El Salvador lo convierte en una figura histórica que podría cambiar el futuro de otros países”, agregó la experta.
La ONU advirtió a principios de este año que las pandillas tenían más poder que la policía. Foto:Getty Images
Bukele anunció esta semana un operativo contra el “cuartel general” de 400 Mawozo, una de las pandillas más grandes de Haití.
Para el viernes, el mandatario reveló que, en un operativo conjunto con las fuerzas de seguridad de Haití, recuperó el control del estadio Sylvio Cator, en Puerto Príncipe, bajo el mando de pandillas desde hace dos años, y donde ahora instalará una base operativa para avanzar sobre territorios dominados.
“Quienes elijan quedarse para combatir a nuestras fuerzas deberán someterse a las consecuencias”, añadió Bukele en X al señalar que durante el operativo encontraron varios cráneos humanos dentro del estadio.
¿Qué le interesaría a Bukele de intervenir en Haití?
Bukele, en el poder desde 2019 y quien aspira reelegirse por segunda vez consecutiva el próximo febrero tras lograr modificar la Constitución, expresó su voluntad de intervenir en Haití tras el magnicidio de Moïse.
En ese entonces, el presidente buscó obtener potestad de liderazgo y financiación bajo un mandato del Consejo de Seguridad de la ONU que finalmente no prosperó en los términos que planteó, ya que Naciones Unidas optó por una misión multinacional con un esquema distinto.
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Para Diego Da Rin, analista especializado en Haití del International Crisis Group, desde entonces Bukele empezó a demostrar su objetivo de consolidar su imagen regional.
“Se mostró como un héroe intransigente de la lucha contra el crimen organizado, que no solo logró reducir los niveles de violencia en El Salvador, sino también resolver uno de los problemas más críticos de la región: Haití”.
Un lustro después, desde la perspectiva de Da Rin, “Bukele se exhibe como un líder muy cercano a lo que quiere la población y ofrece acciones espectaculares contra las pandillas que dan la impresión de que, muy rápidamente, está ocurriendo un cambio considerable en el balance de fuerzas”.
Pero, en el terreno, los riesgos son bastante elevados.
Haití ocupa el primer lugar mundial en tasa de homicidios, alcanzando los 68 asesinatos por cada 100.000 habitantes y un promedio de 15 muertes violentas al día en 2026.
Según el último balance de la ONU, solo en los primeros nueve meses de este año se registraron 4.217 asesinatos —1.167 de ellos entre julio y septiembre—, lo que eleva a más de 16.000 las víctimas mortales acumuladas desde 2022.
Grupos comunitarios han estado entregando machetes a los residentes de Puerto Príncipe. Foto:Getty Images
A este saldo letal se suma un repunte del 69 % en los secuestros durante el último trimestre, con 137 personas raptadas para pedir rescate, de las cuales el 10 % fueron niños.
Paralelamente, los organismos internacionales alertan sobre una crisis de derechos humanos sin precedentes marcada por el reclutamiento forzado de menores como combatientes —que casi se triplicó en el último año— y el uso sistemático de la violencia sexual como arma de terror, con alrededor de mil mujeres y niñas violadas en lo que va de 2026.
Romain Le Cour Grandmaison, director del Observatorio Haití de Global Initiative against Transnational Organized Crime, explicó a BBC Mundo que este tipo de megaoperativos pueden ser muy sangrientos, incluyendo a los civiles.
“Nadie puede oponerse a un regreso de la seguridad. La pregunta es a qué costo, y por cuánto tiempo, sin justicia, sin servicios y sin que el Estado haitiano asuma realmente su responsabilidad”, señaló el analista.
¿Se puede replicar el modelo de seguridad de El Salvador en Haití?
La prisión en El Salvador es una de las más temidas. Foto:Argentina.gob
El modelo de seguridad nacional de Nayib Bukele, conocido como el Plan Control Territorial y sustentado en un régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, logró desarticular a las pandillas en El Salvador mediante arrestos masivos que superan las 80.000 capturas y redujeron los homicidios a mínimos históricos.
El reto no terminará si las operaciones consiguen recuperar territorios. En adelante, las fuerzas haitianas tendrán que desarrollar la capacidad de mantener esos avances y sostenerlos en el tiempo
Diego Da RinAnalista especializado en Haití del International Crisis Group
Sin embargo, el éxito en seguridad pública ha estado marcado por severas denuncias de organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch, que señalan detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso, torturas y cientos de muertes bajo custodia estatal.
Para los analistas, trasladar esta estrategia a Haití representa un desafío radicalmente distinto: a diferencia de El Salvador —donde Bukele cuenta con el control absoluto de las instituciones, el ejército y un sistema carcelario robusto como el Cecot—, en Haití las fuerzas salvadoreñas operan en un Estado colapsado, sin policía ni tribunales funcionales, y enfrentan a coaliciones armadas mucho más poderosas que controlan cerca del 90 % de la capital y superan en poder de fuego a las fuerzas locales.
“Muy poco del modelo salvadoreño puede trasladarse a Haití, donde lo que tenemos es un Estado mucho más frágil, prácticamente inexistente, sin ninguna rama judicial que funcione y mucho menos un Legislativo que controle y supervise”, señala la analista Segura.
Desde la muerte de Moïse, Haití permanece bajo gobiernos de transición, mientras que las elecciones han sido aplazadas repetidamente por cuenta de la inseguridad y la intimidación de candidatos y votantes. Actualmente, están previstas para julio de 2027.
Para el analista en defensa Erich Saumeth Cadavid, capturar integrantes de las bandas en Puerto Príncipe exige instalaciones de detención, identificación, judicialización y capacidad penitenciaria, justamente algunas de las estructuras más deterioradas del país.
“La mano dura puede producir resultados tácticos, pero sin un sistema judicial y penitenciario funcional no se convierte en una política sostenible de seguridad”, asegura.
Saumeth Cadavid también alerta de que destruir instalaciones asociadas a un cabecilla no significa desarticular una organización si se conservan sus redes y capacidad de recomponerse.
Por su parte, Da Rin considera que lo que está por venir dependerá de la financiación, la coordinación entre contingentes y de que las autoridades haitianas asuman un liderazgo efectivo.
“El reto no terminará si las operaciones consiguen recuperar territorios. En adelante, las fuerzas haitianas tendrán que desarrollar la capacidad de mantener esos avances y sostenerlos en el tiempo, con instituciones funcionales y la participación de otros actores. De lo contrario, la eliminación de líderes criminales y los arrestos masivos podrían representar apenas una pausa en la batalla«.
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De momento, Amnistía Internacional pidió a ambos gobiernos publicar el acuerdo que regula el despliegue, aclarar las reglas de uso de la fuerza y establecer mecanismos de rendición de cuentas.
La organización puso sobre la mesa la falta de mecanismos independientes de vigilancia y reclamó investigaciones ante eventuales abusos. “El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, deben garantizar que todas las operaciones respeten el derecho internacional de los derechos humanos”, dijo al respecto Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
* Consultados por EL TIEMPO, Human Rights Watch señaló que aún trabaja en el análisis interno y monitoreo de la situación.
Publicado por Autor El Tiempo
