La organización no gubernamental (ONG) Transparencia Venezuela presentó una propuesta institucional para instaurar un Sistema Nacional de Contrataciones Públicas Abiertas, mecanismo orientado a blindar los procesos de compras y adjudicaciones del Estado y frenar el desvío de fondos. El proyecto contempla la creación de la Autoridad Nacional de Contrataciones Públicas (ANCP), un organismo con competencias de registro, seguimiento en tiempo real, publicación de las condiciones contractuales y activación de alertas tempranas antes de que se ejecute el gasto de los recursos públicos.
De acuerdo con el diagnóstico presentado por la ONG, las compras estatales figuran entre los procesos administrativos más vulnerables a los hechos de corrupción. Citando estimaciones de Transparencia Internacional y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), las pérdidas derivadas de irregularidades en estas operaciones oscilan entre el 10 % y el 25 % del valor total de los contratos. En el contexto venezolano, la organización documentó más de 240 obras inconclusas en 22 estados y el colapso de servicios esenciales como electricidad, agua y transporte pese a las “millonarias inversiones” reportadas.
“Los apagones, la mala calidad del agua y la falta de insumos en hospitales y escuelas muestran lo que ocurre cuando no hay seguimiento y se impone el secreto”, advirtió Transparencia Venezuela en su informe técnico.
Estructura y autonomía de la Autoridad Nacional de Contrataciones
Según el diseño planteado, la ANCP operaría como un instituto público autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado mediante ley orgánica y adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, pero dotado de plena autonomía técnica, funcional, financiera y administrativa. La ONG descartó vincular este ente a la Presidencia de la República —señalando que esa figura sirvió de vector para la Ley Constitucional Antibloqueo de 2020— o al Poder Ciudadano, con el objetivo de evitar conflictos de interés entre el gestor y el contralor.
Bajo este esquema, el ministerio no tendría potestad para intervenir en licitaciones específicas, incluir o excluir proveedores ni censurar datos publicados; además, cualquier comunicación ministerial sobre un expediente individual sería registrada y difundida públicamente.
La gobernanza de la ANCP recaería sobre un Consejo Directivo de cinco miembros con periodos fijos escalonados y una Dirección Ejecutiva con mandato de cinco años, seleccionados todos mediante concurso público.
Sus atribuciones se centrarían en dictar normativas técnicas, administrar una plataforma de datos abiertos, gestionar el registro único de proveedores y beneficiarios finales —incluyendo una lista de inhabilitados— y procesar denuncias, sin intervenir directamente en la adjudicación o el veto de contratos particulares. El diseño contempla también una central nacional de compras y un tribunal especializado en contrataciones públicas.
El alcance del sistema abarcaría a toda persona jurídica que maneje fondos públicos, incluyendo gobernaciones, alcaldías, fideicomisos en el exterior y empresas estatales como la industria petrolera. Para la compraventa de hidrocarburos se establecería un régimen diferenciado basado en subastas o cotizaciones competitivas bajo registro público, mientras que sus obras y servicios se regirían por la norma general.
Candados legales y hoja de ruta en los primeros 100 días
El documento denuncia que la normativa vigente en materia de compras estatales ha sufrido un “sabotaje normativo” mediante leyes paralelas y decretos de excepción. Como ejemplo reciente, el texto cita las contrataciones directas ejecutadas tras el sismo del 24 de junio de 2026, escenario que la organización califica como un “nuevo nicho de riesgo de corrupción masiva”.
Para blindar el sistema, Transparencia Venezuela propone cuatro candados institucionales:
- Prevalencia normativa: la ley solo podrá ser desaplicada mediante derogación expresa.
- Inderogabilidad del registro: obligatoriedad de registrar todo contrato, incluso bajo decretos de emergencia.
- Desclasificación automática: eliminación de reservas de confidencialidad sobre el uso de fondos públicos.
- Respaldo externo: replicación de la base de datos bajo una custodia independiente al operador principal.
Finalmente, la ONG plantea una hoja de ruta ejecutable sin requerir de inmediato una reforma legislativa. Durante los primeros 100 días, propone instalar una comisión multiactor, levantar un censo de entes contratantes, inventariar las normas de excepción y lanzar un plan piloto voluntario de datos abiertos con entre 5 y 10 instituciones, paralelamente a la redacción de un anteproyecto de ley.
Durante el primer año se proyecta la aprobación del nuevo marco legal —que derogaría expresamente la Ley Antibloqueo—, la designación de autoridades por concurso y el despliegue definitivo de la plataforma digital, alineando al país con los estándares internacionales de Gobierno Abierto promovidos por la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
Publicado por Autor El Diario