La oposición de izquierda presentó el pasado jueves 12 de noviembre en el Parlamento de Chile una solicitud de juicio político contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, por el escándalo derivado de las rebajas de penas otorgadas a medio centenar de pederastas.
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El escándalo estalló en octubre cuando se conoció que el ministro firmó entre marzo y septiembre varios decretos que autorizaban rebajas de pena por buen comportamiento a 56 pederastas, así como a al menos dos procesados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
La medida aplicó para 56 pedófilos. Foto:EFE
En ese sentido, la acusación constitucional busca destituir al funcionario e inhabilitarle para ocupar cargos públicos durante cinco años y fue presentada en la Cámara de Diputados por un grupo de parlamentarios.
“No nos quedaremos de brazos cruzados, no vamos a mirar para el lado, no seremos cómplices de que pedófilos y criminales estén libres sin haber cumplido su condena y sin haber pagado su deuda con toda la sociedad», dijo Jorge Brito, diputado del Frente Amplio, el partido del expresidente Gabriel Boric.
En esa misma línea, tras una sesión en el Congreso para pedirle explicaciones al jefe de la cartera sobre los decretos, la diputada opositora Gael Yeomans cuestionó la decisión y, según AFP, afirmó: «Es absolutamente aberrante, injustificable el haberles rebajado las condenas a pedófilos».
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La izquierda y la centroizquierda, que ya habían anunciado hace dos semanas su intención de presentar la solicitud de juicio político, no cuentan con los 78 votos necesarios para sacarla adelante en la Cámara Baja y necesitan el apoyo de otros grupos de derecha que no forman parte del Gobierno.
La acusación constitucional busca destituir al funcionario. Foto:Redes sociales
¿Por qué la oposición busca destituir al ministro de Justicia?
La oposición señala al ministro de haber vulnerado la Constitución y tratados de protección de la infancia, como la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otras cosas.
«El presidente de la República señaló que era un grave error (la concesión de los beneficios carcelarios), que no tenía justificación ni jurídica, ni técnica, ni política. Sin embargo, lo mantiene en el cargo», indicó por su parte el diputado socialista Raúl Leiva.
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El Gobierno redujo las condenas de estos sentenciados por abuso sexual. Foto:Redes sociales
Rabat defiende que cumplió con la ley y que no tenía otra opción que firmar los decretos, ya que la Corte Suprema concede la rebaja de penas a los presos de manera automática, independientemente del criterio de justicia.
“La Corte Suprema nunca obligó al ministro Rabat a tomar las decisiones que tomó”, afirmó Andrea Parra, diputada del socialdemócrata Partido por la Democracia (PPD).
Se trata de una de las mayores crisis que ha enfrentado el presidente José Antonio Kast desde que llegó al poder, en marzo pasado.
El mandatario se niega a remover al ministro, pese a las demandas de parte de su sector, lo que ha llevado a su popularidad a mínimos desde su llegada al poder, situándose por debajo del 30 % en la mayoría de las encuestas.
Con información de EFE y AFP*
Laura María Villarraga Ariza
REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS
Publicado por Autor El Tiempo