Clippve denuncia suspensión de visitas a militares en Ramo Verde

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) denunció este 21 de noviembre que continúan suspendidas las visitas familiares a los presos políticos que mantienen una huelga de hambre en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde, en el estado Miranda.

De acuerdo con la organización, los familiares no han podido constatar directamente las condiciones de salud de los detenidos desde que comenzó la protesta pacífica, el 9 de noviembre. Aunque se han acercado al centro de reclusión para entregar agua y otros líquidos, tampoco tienen garantías de que estos insumos lleguen a manos de los huelguistas.

Clippve advirtió que la situación de salud de los militares se ha deteriorado. Según la información que recibió de sus familiares, la mayoría presenta descompensaciones y debilidad física, además de que no habrían recibido atención médica desde el inicio de la protesta.

La organización también cuestionó la suspensión de las visitas, que calificó como un “castigo ejemplarizante” contra los detenidos y sus allegados. En ese sentido, exigió que se restablezca el contacto familiar y se garantice atención médica inmediata.

En su comunicado, Clippve sostuvo que las restricciones vulneran los derechos fundamentales de los detenidos y citó los artículos 43 y 46 de la Constitución venezolana, referidos al derecho a la vida y a la prohibición de torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes.

“El Estado venezolano debe recordar que los presos son su responsabilidad: velar por su vida, su salud y su integridad física es una obligación ineludible que no admite excusas ni dilaciones”, expresó la organización.

Asimismo, exigió que los militares sean incluidos en las conversaciones sobre posibles liberaciones y que se atiendan sus reclamos relacionados con los retrasos procesales, las detenciones prolongadas y las presuntas violaciones al debido proceso.

19 militares presentan problemas de salud

La denuncia de Clippve se produce después de que el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) alertó el 18 de noviembre que 19 de los 36 militares que permanecían en huelga de hambre presentaban cuadros de descompensación física, luego de superar las 216 horas sin ingerir alimentos.

Entre los detenidos identificados con problemas de salud figuran los sargentos Geomer Martínez, Luis Bandres, Jorge Rico, Luis Milanés, Yordanis Camacaro y Luis Lobo, además del primer teniente Hugo Aparicio, entre otros.

36 presos políticos mantienen la huelga de hambre en Ramo Verde pese a restricciones en el recinto
Foto: OVP

El OVP también informó que la suspensión de las visitas familiares comenzó el 13 de noviembre y afectó a los 235 privados de libertad que permanecen en Ramo Verde. Además, denunció restricciones al acceso al agua potable, los baños y las áreas comunes del centro penitenciario.

La organización pidió al Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) acudir al recinto para verificar las condiciones de reclusión y evaluar médicamente a los manifestantes. También solicitó pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Los reclamos de los militares detenidos

La huelga de hambre comenzó el 9 de noviembre con 21 sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) vinculados con el caso del comando de Cotiza, en Caracas. Posteriormente, se incorporaron otros militares relacionados con distintas causas judiciales, entre ellas los casos Sukhoi, Paramacay, Aurora, Refinería El Palito, 30 de Abril y Operación Gedeón II.

Los manifestantes exigen la revisión de sus expedientes, la investigación de las presuntas irregularidades en sus procesos y su inclusión en las conversaciones políticas sobre liberaciones.

Uno de los principales reclamos corresponde a los militares del caso Cotiza. En junio de 2022, 24 sargentos fueron condenados a penas de entre siete y 15 años de prisión por su presunta participación en los acontecimientos ocurridos en enero de 2019 en un comando de la GNB.

Según sus familiares, algunos de ellos cumplieron sus condenas el 24 de octubre de 2026, después de permanecer siete años y nueve meses detenidos, pero continuaban privados de libertad.

El OVP explicó que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó repetir el juicio de la causa Cotiza desde cero. Aunque el máximo tribunal sobreseyó los delitos militares por los que habían sido condenados inicialmente, también les imputó el delito de traición a la patria, lo que prolongó su permanencia en prisión.

El 20 de noviembre, Clippve informó a la agencia EFE que de los 36 militares en huelga de hambre, 35 estaban detenidos por motivos políticos y uno se había sumado para denunciar el retardo procesal.

Publicado por Autor El Diario

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