Organizaciones gremiales aseguran que la detención de Torres es una «grave vulneración» de sus derechos y recuerdan que la Constitución garantiza la libertad sindical
La Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA) y la Confederación General del Trabajo de Argentina (CGT) expresan su repudio a la detención del secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), José Elías Torres, y exigen su libertad inmediata.
En sendos comunicados, las organizaciones piden información sobre la situación del dirigente sindical, quien fue detenido por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana el sábado 29 de noviembre, luego de allanar -sin orden judicial- su apartamento, ubicado en la urbanización Bello Monte, en Caracas, según informó la Coalición Sindical en redes sociales.
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«La CSA exige a las autoridades de Venezuela la información necesaria sobre la situación de José Elias Torres y solicita su inmediata liberación. Recordamos que el ejercicio de la actividad sindical está amparado por el convenio 87 de la OIT, sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, asícomo el artículo 95 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que protege el derecho de los trabajadores y empleadores a asociarse libremente para la defensa de sus intereses».
La Confederación General del Trabajo de Argentina, por su parte, calificó de «injustificada y arbitraria» la detención de Torres y representa «una grave vulneración de los derechos humanos y un retroceso inadmisible para las garantías democráticas que deben amparar a toda organización sindical».
Al menos 15 dirigentes sindicales están presos por razones políticas en Venezuela, según ha señalado el Observatorio Venezolano de Libertad Sindical. Esto sin contar el caso del secretario de la CTV y las detenciones de Arnaldo Méndez (55), coordinador de Asuntos Laborales de la Coalición Sindical, el pasado 26 de noviembre, y la del presidente de Fetraconstrucción, William Lizardo, el 28 de noviembre.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
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