La organización no gubernamental Espacio Público advirtió que el proyecto de reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia mantiene mecanismos que pueden restringir la libertad de expresión, pese a que elimina las penas de prisión previstas en la normativa.
En un comunicado publicado el domingo 18 de octubre tras la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que declaró la conformidad constitucional del proyecto, la organización señaló que la propuesta conserva disposiciones que pueden utilizarse para criminalizar a opositores políticos, periodistas, activistas y ciudadanos por sus opiniones.
La reforma elimina las penas de 10 a 20 años de prisión, el agravante genérico, la revocatoria de concesiones, el bloqueo de portales web y la prohibición de inscribir partidos políticos. También incorpora una prohibición expresa de las medidas privativas de libertad.
Sin embargo, Espacio Público sostuvo que el proyecto mantiene restricciones a la libertad de expresión y al debido proceso, además de no establecer medidas para reparar a las personas afectadas por la aplicación de la ley.
Las objeciones a la reforma de la Ley contra el Odio
Entre las principales críticas al proyecto, Espacio Público señaló que los procedimientos sancionatorios quedarían en manos del Poder Ejecutivo. Según la organización, el ministerio con competencia en justicia, que dirige los cuerpos policiales, instruiría y decidiría los procedimientos administrativos.
La propuesta contempla multas de entre 500 y 10.000 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, además de entre 200 y 600 horas de trabajo comunitario.
La ONG advirtió que estas sanciones pueden resultar desproporcionadas para las personas con menores ingresos. Según sus cálculos, las multas equivalen a entre algo más de dos meses y casi cuatro años de ingresos para quienes perciben el ingreso mínimo integral.
Otra de las preocupaciones se relaciona con las definiciones que utiliza la normativa. Espacio Público considera que conceptos como «hostigamiento», «mensaje discriminatorio» y «convivencia democrática» son imprecisos y carecen de criterios suficientes para orientar su aplicación.
La organización también cuestionó que el proyecto no incorpore el Plan de Acción de Rabat, que establece criterios para evaluar cuándo una expresión constituye incitación al odio y puede ser objeto de sanciones, frente a aquellas protegidas por el derecho a la libertad de expresión.
Asimismo, advirtió que la reforma mantiene mecanismos de censura en medios y plataformas digitales. Las empresas que administran redes sociales continuarían obligadas a retirar contenidos de forma inmediata, sin necesidad de una orden judicial, mientras que el Estado conservaría la facultad de ordenar la difusión de mensajes.
Espacio Público agregó que la propuesta no elimina la posibilidad de persecución penal. Señaló que el nuevo artículo 26 permite acudir a los tribunales sin perjuicio de las sanciones administrativas y que el delito de instigación al odio, previsto en el artículo 285 del Código Penal, continúa vigente.
La reforma no contempla reparación para las víctimas
La organización cuestionó que el proyecto no ordene el sobreseimiento de las causas abiertas, la liberación de las personas detenidas, la eliminación de antecedentes penales, el levantamiento de bloqueos de portales ni la restitución de concesiones revocadas.
En ese sentido, recordó que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, reconoció el 29 de septiembre que «se hizo un uso abusivo de esa ley». No obstante, Espacio Público consideró que la propuesta de reforma no establece consecuencias concretas para reparar los daños derivados de esa aplicación.
La ONG también criticó el procedimiento de aprobación del proyecto. Indicó que la Sala Constitucional declaró su conformidad dos días después de recibirlo, sin realizar una audiencia pública ni examinar las definiciones cuestionadas por la organización.
Añadió que el texto no fue publicado antes de su envío al TSJ, pese a que Espacio Público había solicitado acceso a este el 29 de septiembre. También objetó que la reforma parcial convalide una ley dictada por la Asamblea Nacional Constituyente, instancia que, según la ONG, no tenía competencia para legislar.
Espacio Público pidió la derogación de la ley
Ante estas objeciones, la organización pidió a la Asamblea Nacional derogar la Ley contra el Odio y establecer un régimen transitorio que permita cerrar las causas abiertas, otorgar libertad plena a las personas procesadas, extinguir las penas y los antecedentes, levantar los bloqueos, revisar las concesiones revocadas y garantizar la reparación integral de las víctimas.
En caso de que el Parlamento mantenga la vía de la reforma, Espacio Público propuso limitar las conductas sancionables a la incitación intencional a la violencia o a la discriminación, de acuerdo con los criterios del Plan de Acción de Rabat.
También solicitó eliminar las obligaciones de retirar contenidos y difundir mensajes, atribuir a los jueces la determinación de responsabilidades, establecer multas proporcionales a la capacidad económica de cada persona y excluir expresamente la persecución penal por los mismos hechos.
La organización pidió, además, publicar el proyecto y el cronograma de discusión, y realizar una consulta pública amplia con medios de comunicación, gremios periodísticos, plataformas digitales, universidades y organizaciones de derechos humanos, conforme al artículo 211 de la Constitución.
Finalmente, instó al Estado venezolano a cumplir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, en particular las establecidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Publicado por Autor El Diario
