El Comité por la Libertad de Presos Políticos ha contabilizado cuatro adolescentes, más de 170 mujeres detenidas por razones políticas y al menos 16 personas en aislamiento total, al igual que 10 mayores de 70 años que siguen detenidos –pese a lo que dice el COPP– y 90 personas con patologías graves de salud
Familiares y activistas del Comité por la Libertad de los Presos Políticos solicitaron nuevamente al Ministerio Público que revise los casos de detenidos por razones políticas, en especial de las personas mayores de 70 años y los que tienen enfermedades crónicas o patologías que requieren atención médica especializada.
«Justicia y libertad», exigieron los familiares frente al Ministerio Público este martes 18 en una actividad denominada «Presencia de la Esperanza». Hiowanka Ávila recordó que hay cuatro adolescentes, más de 170 mujeres detenidas por razones políticas y al menos 16 personas en aislamiento total.
«Actualmente tenemos a 10 personas mayores de 70 años que siguen detenidos, con patologías que deben ser atendidas. También tenemos 90 personas con patologías graves de salud como cáncer, enfermedades cardiovasculares, neurológicas y estos casos todavía no han sido atendidos», detalló la joven.
En ese grupo de adultos mayores están Aldo Rosso, Fernando Serrano, Fidel Brito, José Eustorgio Osorio, Luis Baló Farías, Macario González, Merys Torres de Sequea, Omar Vásques Lagonel, José Raúl Amiel y Miguel Castillo Cedeño.
La vocera recordó que han acudido en más de 10 oportunidades al Ministerio Público –donde entregaron un nuevo documento– durante el año para entregar solicitudes de liberación de presos políticos, mejoras en las condiciones de reclusión, que se investiguen hechos de tortura en cárceles y que se establezca una mesa de diálogo con los familiares, pero no han obtenido respuestas.
«Han habido excarcelaciones pero no se han tomado en cuenta a mujeres o personas con enfermedades graves. Esto es un llamado a que nos escuchen, porque ya han habido fallecidos bajo custodia del Estado y lo que nosotros queremos es evitar que familias se sigan sumando a este sufrimiento», afirmó Ávila.
Más temprano, los familiares del empresario Noel Álvarez informaron sobre su excarcelación, luego de ser detenido en enero de este año. El fin de semana se registró además la liberación del ciudadano francés Camilo Castro, quien se encontraba bajo arresto y sin cargos penales en la cárcel de El Rodeo I, ubicado en el estado Miranda.
Justamente el hermano de Ávila, Henryberth Rivas, se encuentra en aislamiento desde hace 21 días junto a otras cuatro personas en El Rodeo I. La joven denunció que están «24 horas esposados, desnudos, poca alimentación y poca agua».
«Hemos asistido en varias oportunidades, a nosotros nos toca la visita los domingos y nos han prohibido el ingreso, no nos reciben la paquetería, no nos reciben la medicina. Ya he denunciado en varias oportunidades que mi hermano tiene una situación de diarreas que no para a pesar de los antibióticos y probióticos que hemos llevado», destacó Ávila.
Por su parte Luis Méndez, abuelo del adolescente Gabriel Rodríguez, exigió al fiscal general Tarek William Saab que revise los casos y otorgue las liberaciones correspondientes a él y los otros tres menores de edad detenidos por razones políticas.
Gabriel Rodríguez fue arrestado por funcionarios de la Guardia Nacional el 9 de enero de 2025 al llegar a un ambulatorio de Cabudare, estado Lara, por una fiebre. «Solamente lo apresaron por la vestimenta, por andar de bermuda y franela negra… Nosotros pedimos las pruebas, pero nos dijeron que la pinta era suficiente».
Méndez indicó que su nieto se graduó con honores y obtuvo un cupo en la UCLA para Ingeniería Civil. La preocupación del adolescente es perder su oportunidad de estudiar. La familia incluso ha entregado al Ministerio Público constancias de un curso que le permitieron hacer en prisión por su buena conducta, así como referencias del consejo comunal de su zona.
El juicio contra el adolescente ha ido avanzando. El pasado 5 de noviembre tenía una audiencia, pero no se dio por falta de traslado. Este 18 de noviembre se programó una nueva presentación.
«No se preocupen que ellos están vivos»
Sandra Hernández, esposa del sargento Luis Bandres, denunció en la actividad que 16 militares, 13 de ellos por razones políticas, se encuentran en desaparición forzada, a pesar de tener su condena cumplida, tras ser sacados del Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil) Los Teques, mejor conocido como la cárcel de Ramo Verde, y llevados a paradero desconocido.
«Les dijeron que recogieran sus pertenencias porque iban a ser llevados a tribunales ya que les iban a otorgar su libertad por haber cumplido su sentencia completa. Mayor sorpresa que hasta el día de hoy se encuentran desaparecidos», dijo Hernández.
Los familiares de este grupo de militares, según Hernández, se han trasladado a diversos centro de reclusión y a Fuerte Tiuna para tratar de obtener información, pero no obtienen respuestas. «Allí (en Fuerte Tiuna) les han dicho que no se preocupen que ellos están vivos, pero no hay una fe de vida certera».
Destacó que son en su mayoría tenientes coroneles y comandantes «que fueron apresados, torturados, sentenciados, cumplieron sus sentencias y para la fecha están desaparecidos».
Por otra parte, indicó que otros cuatro presos políticos militares están aislados dentro del Fuerte Guaicaipuro desde hace ocho meses y al menos 20 personas «fueron sacadas del Helicoide y hasta la fecha también están desaparecidos (…) Los familiares tienen temor, algunos han sido amenazados de que si siguen denunciando serán detenidos».
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Post Views: 444
