Las cifras hablan por sí solas: Google está construyendo un centro de datos de 850 millones de dólares en Uruguay, Amazon invertirá 5.000 millones de dólares en México para una nueva región digital —compuesta por centros de datos— para sus servicios en la nube y Microsoft está invirtiendo 2.700 millones de dólares en infraestructura de servicios en la nube e inteligencia artificial (IA) en Brasil. Desde Montevideo hasta Querétaro, los proveedores de centros de datos están ampliando su capacidad, los gobiernos están implementando incentivos fiscales para atraer la inversión y los bancos multilaterales están publicando marcos para ayudar a los países a “aprovechar la oportunidad de los centros de datos”.
Centro de datos. Foto:Imagen generada por IA.
La oportunidad es real. También lo es el riesgo de interpretarla mal. América Latina y el Caribe están emergiendo como destinos creíbles para la inversión en infraestructura digital por razones que van más allá del entusiasmo. La matriz eléctrica de la región es un activo estructural: Brasil genera casi el 90 por ciento de su electricidad a partir de energías renovables, y empresas proveedoras de centros de datos como Equinix, Ascenty y Scala se han expandido agresivamente en São Paulo precisamente por esa razón.
Los hiperescaladores —los proveedores de servicios en la nube a gran escala que ejecutan máquinas virtuales a través de una red global de centros de datos— bajo presiones ambientales, sociales y de gobernanza necesitan electrones limpios; la región los tiene.
La geopolítica añade un segundo impulso: a medida que los gobiernos y las multinacionales revalúan el riesgo de concentración en la infraestructura digital crítica, el capital fluye hacia alternativas políticamente alineadas. En México, el nearshoring añade un tercer motor: los fabricantes que se reubican más cerca de la frontera con Estados Unidos necesitan procesamiento de datos locales, y Querétaro se ha convertido en un corredor para esa demanda. Y la necesidad es estructural, no cíclica. La adopción de la nube en América Latina se ha disparado: las aplicaciones de fintech, comercio electrónico e IA requieren computación local para reducir la latencia.
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Durante décadas, la ausencia de esa infraestructura obligó a las empresas regionales a depender de servidores en Norteamérica o Europa, con un costo y una fiabilidad más elevados. La construcción de esta infraestructura llena un vacío real.
Actualmente, la región alberga más de 500 centros de datos con aproximadamente 1.450 megavatios de capacidad instalada, menos de un tercio de los 4.900 del norte de Virginia. Se espera que la inversión anual se duplique, de 5.000 millones de dólares en 2023, a casi 10.000 millones de dólares para 2029, y se proyecta que la capacidad total casi se duplique para 2035. Solo Brasil alberga el 37,3 por ciento de los centros de datos de la región, seguido por Chile y México (11,6 por ciento cada uno), Argentina (8,2 por ciento) y Colombia (7,1 por ciento).
El impacto en el empleo
Pero no todos los centros de datos son iguales. Las instalaciones de hiperescala son construidas y operadas por grandes empresas tecnológicas (Amazon, Google, Microsoft) para ejecutar sus propios servicios.
Por su parte, los centros de coubicación son construidos por operadores inmobiliarios especializados que alquilan espacio y energía a clientes que pueden estar ubicados en cualquier parte del mundo. La distinción importa enormemente para el impacto económico local.
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Donde la narrativa empieza a desmoronarse es en las afirmaciones sobre el empleo. La narrativa predominante en los círculos políticos proyecta multiplicadores extraídos del ecosistema del norte de Virginia —el mercado de centros de datos más grande del mundo— sobre América Latina. La aritmética genera cifras impresionantes que han llegado a documentos de política e informes de inversión en todo el hemisferio.
Esos multiplicadores incorporan décadas de ecosistema acumulado: instaladores de fibra óptica, centros de operaciones de red, proveedores de servicios gestionados, contratistas de TI que orbitan alrededor de una masa crítica de campus hiperescalables en una región que ya era un centro tecnológico global. No se puede simplemente asumir que esto se transferirá. Más fundamentalmente, las proyecciones confunden dos tipos de instalaciones muy diferentes.
Nuevas investigaciones de la Brookings Institution, basadas en aproximadamente 770 instalaciones de centros de datos en Estados Unidos vinculadas a datos de empleo a nivel de condado de 2003 a 2024, encuentran que los efectos del empleo dependen críticamente del tipo de instalación.
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Los campus de hiperescala —construidos por Amazon, Google o Microsoft para ejecutar sus propias cargas de trabajo— generan efectos indirectos significativos: los condados que los reciben ven crecer el empleo en el sector de la información un 22 por ciento en cinco o seis años, con salarios que aumentan entre un tres y un cuatro por ciento. Las instalaciones de coubicación —construidas por propietarios que alquilan espacio a inquilinos remotos— generan efectos locales mucho menores.
Un banco de Nueva York que alquila un rack de servidores en Bogotá no contrata personal de TI en Bogotá. La magnitud de la distorsión es importante. Las estimaciones ingenuas que no corrigen las tendencias de crecimiento preexistentes en los condados que atrajeron inversiones pueden sobreestimar los efectos sobre el empleo hasta en un factor de tres.
Existe otro factor por considerar. Incluso los efectos indirectos a gran escala requieren densidad para materializarse. Los condados con una sola instalación experimentan modestos aumentos en el empleo total, pero ningún crecimiento significativo en el sector de la información. Los condados con cuatro o más instalaciones registran un incremento del 23 por ciento en el empleo del sector de la información.
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El ecosistema requiere tiempo y escala para desarrollarse. Es una apuesta a largo plazo, no una instalación puntual. Por otra parte, la ventaja de la energía renovable en América Latina se debe a que es un conjunto regional. Lo que los centros de datos necesitan es energía firme y fiable entregada a un nodo de red específico. Las dos cosas no son lo mismo.
La capacidad instalada de centros de datos en México se disparó de 115 megavatios en 2024 a casi 280 megavatios el año pasado, un aumento del 140 por ciento en un solo año. Sin embargo, la Asociación Mexicana de Centros de Datos advierte ahora que los proyectos están siendo redirigidos a Brasil y Chile porque la planificación energética no ha avanzado al mismo ritmo.
La limitación no es la escasez agregada de energías renovables, es el desajuste entre dónde se genera la energía limpia y dónde deben ubicarse los centros de datos, agravado por una infraestructura de transmisión que no puede cubrir la brecha al ritmo que la industria exige.
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Los países no pueden solo presentar una matriz energética limpia y asumir que la inversión llegará. La infraestructura necesaria —subestaciones modernizadas, nuevas líneas de transmisión, agilización de permisos— requiere una inversión pública sostenida y coordinación que la mayoría de los gobiernos de la región apenas están empezando a organizar.
Los países que resuelvan esto antes que sus vecinos tendrán una ventaja duradera; aquellos que no lo hagan se verán superados por sus propias ambiciones.
¿Quiénes se benefician?
Dejando de lado la actividad de construcción de los centros, la pregunta central del desarrollo se vuelve clara: ¿quién se beneficia de esta infraestructura a lo largo del tiempo? Los centros de datos son intensivos en capital y, por diseño, son eficientes en su funcionamiento. El valor que generan —computación en la nube, inferencia de IA, comercio electrónico, streaming— se acumula principalmente en las empresas que ejecutan las cargas de trabajo, la mayoría de las cuales tienen su sede fuera de la región. América Latina proporciona la tierra, la energía, la conectividad y, en varios casos, los incentivos fiscales. Los rendimientos, en su mayor parte, fluyen hacia otros lugares.
BRASIL ES EL LÍDER REGIONAL EN NÚMERO DE CENTROS DE DATOS Foto:EL TIEMPO
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El régimen Redata de Brasil, introducido a finales del año pasado, ofrece exenciones fiscales en la importación de equipos que Fitch Ratings estima que podrían traducirse en miles de millones en ahorros para los inversionistas. Esa es una herramienta legítima para atraer inversión. Pero su lógica depende de si fomenta el desarrollo del ecosistema local.
Los datos de la Brookings Institution ofrecen un punto de referencia aleccionador: en los condados dominados por instalaciones de coubicación, los incentivos fiscales representan el 62 por ciento de la inversión total en construcción; los subsidios son más importantes precisamente donde los efectos indirectos son menores. La exención fiscal de centros de datos de Virginia costó al estado 1.600 millones de dólares solo en el año fiscal 2025.
Los gobiernos de la región podrían querer comprender esas compensaciones antes de diseñar sus propios regímenes de incentivos. Para Brasil, México y Chile —donde los mercados digitales son lo suficientemente profundos y los ecosistemas de TI lo suficientemente densos como para atraer plausiblemente inversión a hiperescala— la prioridad es negociar los términos de esa inversión: compromisos de suministro de energía que beneficien a los hogares e industria locales, objetivos de proveedores y fuerza laboral con parámetros medibles, y condiciones de acceso para universidades nacionales, startups e instituciones públicas.
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La hiperescala puede generar efectos indirectos locales; la cuestión es si los gobiernos aseguran compromisos significativos a cambio de los subsidios y la prioridad de red que ofrecen. Para el resto de la región, un camino diferente merece más atención. Estonia fue pionera en el modelo después de que un gran ciberataque en 2007 expusiera su dependencia de la infraestructura doméstica. En 2017 firmó un acuerdo bilateral con Luxemburgo para alojar registros gubernamentales en una instalación legalmente protegida en el extranjero bajo jurisdicción estonia. Mónaco siguió la misma lógica en 2021. Baréin ha ido aún más lejos, posicionándose como un centro anfitrión, promulgando legislación en 2018 que permite a las partes extranjeras almacenar datos en suelo bareiní bajo su propia jurisdicción doméstica en lugar de la de Baréin.
El modelo ahora se está extendiendo: economías más pequeñas que se convierten en usuarios soberanos de infraestructura compartida alojada en otros lugares, y economías más grandes que se convierten en anfitriones de confianza para los datos críticos de sus vecinos. Una adaptación latinoamericana podría ver a economías más pequeñas accediendo a centros compartidos en São Paulo, Santiago o Bogotá bajo marcos de gobernanza acordados, como participantes soberanos en lugar de clientes de operadores extranjeros. La distinción importa más de lo que parece al principio.
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Si la concentración en unos pocos nodos regionales ya es inevitable —y los flujos de inversión sugieren que lo es—, la elección es si esa concentración produce dependencia o integración. Para los países que ven los centros de datos como parte de una estrategia de IA más amplia, la lógica es aún más profunda. Significa invertir en lo que los mercados no producirán por sí mismos: infraestructura de datos públicos curada —registros de salud, registros de la propiedad, datos fiscales, imágenes satelitales— que las aplicaciones locales de IA requieren para ser relevantes localmente.
En esa medida, un centro de datos sin esa capa es “computación de alquiler”. En todos los modelos, los gobiernos estarán mejor preparados. Esto significa establecer marcos regulatorios claros, condiciones de acceso a la red y requisitos de gobernanza de datos antes de que lleguen los hiperescaladores. También significa saber qué ofrecen: tierra, energía, permisos y tratamiento fiscal. Y qué requieren a cambio: objetivos de contratación local, compromisos de capacitación de la fuerza laboral, acceso a la nube doméstica para universidades y startups, y obligaciones de gobernanza de datos.
Competir en función de los incentivos y esperar que el desarrollo llegue después es la forma en que los auges de los recursos se convierten en oportunidades perdidas. La región ya ha pasado por esto antes: extraer un recurso a gran escala mientras la cadena de valor se encuentra en otro lugar. La infraestructura sin soberanía es un contrato de servicios.
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Eduardo Levy Yeyati (*)
Americas Quarterly
Buenos Aires (Argentina)
(*) Profesor de la Universidad Torcuato di Tella de Buenos Aires, investigador sénior de la Brookings Institution y miembro del consejo editorial de Americas Quarterly. Anteriormente fue economista jefe del Banco Central de Argentina
Publicado por Autor El Tiempo
