La Sala 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, presidida por el juez Carlos Alberto Bonilla Álvarez y conformada además por los jueces Willi León y Deisy Orasma, ratificó la pena máxima de 30 años de cárcel contra el ex capitán de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Juan Carlos Caguaripano Scott, y otros 15 procesados por el asalto a la 41 Brigada Blindada del Fuerte Paramacay, ocurrido el 6 de agosto de 2017 en Valencia.
En el mismo fallo el tribunal fijó penas de 15 y 14 años de prisión para otros cuatro acusados y citó a la defensa para la audiencia formal de imposición de sentencia, pautada para el martes 17 de noviembre a las 10:00 a. m.
El abogado Juan Luis González Taguaruco, uno de los principales defensores del grupo, explicó a Efecto Cocuyo que el equipo legal ya preveía un fallo adverso debido a los vicios procesales acumulados durante más de nueve años de juicio, aunque el tribunal todavía les impide revisar las actas para constatar los términos exactos de la decisión.
“Nosotros suponemos que se ha dictado una sentencia condenatoria. No hemos podido revisar el expediente y, por consiguiente, saber si en efecto la sentencia fue confirmada. No tenemos razones para dudar que fue así”, señaló el jurista.
Una vez que se realice la audiencia de imposición en los tribunales de Valencia, los representantes legales acudirán a la última instancia disponible dentro de la jurisdicción nacional para impugnar las condenas. “En el caso de que hubiera sido confirmada esta sentencia, nosotros tenemos la posibilidad todavía de ejercer el recurso de casación que conoce la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Todavía tenemos tareas que hacer allí”, indicó González Taguaruco.
El expediente agrupa originalmente a 23 civiles y militares procesados por la denominada Operación David, todos registrados como presos políticos por organizaciones como el Foro Penal y Justicia, Encuentro y Perdón (JEP). Aunque varios de los civiles sostienen que fueron capturados de forma arbitraria sin tener relación con el alzamiento militar, la Fiscalía les imputó de manera generalizada los delitos de traición a la patria, rebelión militar, sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) y, en diversos expedientes individuales, ataque al centinela.
Luego de que la causa pasara de tribunales militares a la jurisdicción ordinaria, el juez tercero de juicio de Carabobo, Luis Francisco Ovalles Landaeta, condenó el 19 de diciembre de 2025 a los 23 acusados a 30 años de prisión sin individualizar las conductas. Ese mismo día el juez revocó las medidas cautelares de seis procesados que se encontraban en libertad, y meses más tarde el traslado administrativo del expediente de la Sala 1 a la Sala 2 obligó a repetir la audiencia de apelación el 28 de octubre de 2026.
Con la decisión de segunda instancia, solo tres de los 23 mencionados en la boleta recibieron una rebaja de condena a tres años de prisión y quedaron en libertad por pena cumplida: Óscar Alejandro Caamaño Valero, Dirimo Antonio Pernía Bastidas y José Rengifo Galavis, quien ya se encontraba fuera de prisión bajo una medida cautelar por motivos de salud.
Condenas ratificadas a 30 años de prisión
Además del capitán Juan Carlos Caguaripano Scott, comandante de la incursión armada que estuvo recluido en La Tumba, El Helicoide y Rodeo I, otros 15 procesados mantuvieron la pena máxima luego de que la Corte desestimara los recursos de la defensa. Salvo los efectivos que permanecen en el Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil) de Ramo Verde, en el estado Miranda, la mayoría pasó por sedes como la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), Ramo Verde y los penales de Rodeo II o Rodeo III antes de llegar al Centro Penitenciario Nacional de Valencia, conocido como Tocuyito.
🔴Jefferson Gabriel García Dos Ramos: Es un primer teniente del Ejército egresado de la Academia Militar que fue capturado el 11 de agosto de 2017 en el mismo operativo en el que detuvieron a Caguaripano. Estuvo 45 días en desaparición forzada y le imputaron casi 12 delitos. En la sede de la Dgcim en Boleíta (Caracas) fue sometido a descargas eléctricas, asfixia mecánica, golpizas y colgamientos prolongados de las muñecas.
Pasó varios años en Ramo Verde, pero en febrero de 2025 lo trasladaron sin previo aviso a Fuerte Guaicaipuro, donde estuvo aislado y sin visitas familiares durante meses. Luego fue devuelto a Ramo Verde, donde se sumó a una huelga de hambre y donde padece pérdida progresiva de la visión, hemorragias nasales frecuentes y hemorroides sangrantes sin recibir atención médica especializada.
🔴Oswaldo José Gutiérrez Guevara: Primer teniente del Ejército con formación de comando, oriundo del estado Yaracuy. Antes del alzamiento estaba en condición de desertor por una investigación militar previa sobre una presunta sustracción de municiones en la 25 Brigada de Caribe en La Fría, estado Táchira.
Fue detenido el propio 6 de agosto de 2017 dentro del Fuerte Paramacay y permaneció en Ramo Verde hasta agosto de 2019, cuando funcionarios de la Dgcim lo sacaron por la fuerza para enviarlo a Rodeo II y después al penal de Tocuyito, donde sigue recluido bajo denuncias de su defensa por el aislamiento prolongado y los tratos crueles sufridos.
🔴Darwin Antonio Solís Benítez: Agricultor de oficio y sargento primero en reserva activa del Ejército. Fue capturado el 6 de agosto de 2017 por efectivos del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) y entregado a la Dgcim.
En mayo de 2026, la directora del Instituto Casla, Tamara Suju, publicó una carta manuscrita enviada por él desde Tocuyito en la que relató las golpizas, descargas eléctricas, ataques con gas pimienta y heridas que sufrió durante su captura, las cuales obligaron a suturarlo en el Hospital Carabobo antes de su traslado a Boleíta.
🔴Cristian Gregorio Estrada Estrada: Sargento segundo del Ejército oriundo de Ejido, estado Mérida, detenido por comisiones de la Dgcim en el estado Lara a mediados de agosto de 2017. A diferencia de los procesados enviados a cárceles civiles en Carabobo, ha cumplido más de nueve años de prisión en Ramo Verde, donde defensores de derechos humanos denuncian que se le ha negado el acceso a evaluaciones médicas independientes tras los maltratos que recibió al ser capturado.
🔴Larry Enrique Briceño Hinestroza: Trabajaba como taxista en Valencia cuando fue detenido el 6 de agosto de 2017 cerca de la brigada e incluido entre los primeros ocho capturados del caso, pese a que su familia sostiene que solo salió a cumplir su jornada en el transporte público y fue metido en el expediente sin pruebas.
Estuvo en Rodeo II y en el penal El Libertador antes de ser enviado a Tocuyito. Su estado de salud es crítico: padece diabetes tipo 2 insulinodependiente, insuficiencia renal crónica, convulsiones recurrentes y una desnutrición severa que le hizo perder más de 60 kilos, por lo que han tenido que sacarlo de emergencia a hospitales de Valencia ante la falta de tratamiento y comida adecuada en prisión.
🔴Jorge Enrique Alayeto Bigott: Comerciante civil hispano-venezolano y padre de cinco hijos. El 6 de agosto de 2017 funcionarios de la Dgcim lo sacaron sin orden de allanamiento de su casa en la Hacienda San Luis, en Valencia, lo mantuvieron 11 días en desaparición forzada y lo torturaron para obligarlo a declararse culpable de grabar y difundir un video del asalto militar.
En sus primeras semanas en Boleíta recibió golpes, amenazas y disparos cerca del oído que le dejaron una clavícula dislocada sin tratamiento, dolores crónicos en la espalda, el brazo y la cabeza, además de afecciones renales y estomacales. Permanece en Tocuyito; durante su tiempo en prisión perdió sus negocios comerciales y falleció su madre.
🔴Giullianny Espinoza Ramírez: Técnico Superior Universitario (TSU) en Administración de Banca y Finanzas, comerciante caraqueño y excadete de la Academia Militar. Tenía 26 años y estudiaba comercio exterior cuando lo detuvieron el 6 de agosto de 2017 en los alrededores de la brigada junto al primer grupo de capturados.
En el arresto lo golpearon hasta desfigurarle el rostro y causarle una fractura grave. Aunque un tribunal ordenó operarlo, las autoridades penitenciarias se negaron a trasladarlo al hospital, por lo que el hueso soldó mal y le dejó limitaciones físicas permanentes. Sigue recluido en Tocuyito.
🔴Alberto José Polo Díaz: Fue detenido por el Conas el 6 de agosto de 2017 y presentado en los partes oficiales como cabo segundo de la Milicia Bolivariana, pero activistas de derechos humanos y el exfiscal Zair Mundaray denunciaron que era un civil al que los funcionarios obligaron a vestirse con uniforme militar antes de entregarlo a la Dgcim para simular que participó en el asalto.
Está recluido en el anexo La Mínima de Tocuyito. Por las torturas que sufrió al ser capturado padece pérdida de memoria, sangrado nasal frecuente, migrañas severas y una lesión en el hombro derecho que ha empeorado por falta de atención médica.
🔴Robert Antonio Salas Moreno: TSU en Comercio Exterior y padre de cuatro hijos. Fue detenido el 6 de agosto de 2017 en las inmediaciones del Fuerte Paramacay, presentado ante un tribunal militar el 10 de agosto y recluido actualmente en Tocuyito.
Según los registros médicos del Foro Penal, las torturas que sufrió al comienzo de su detención le provocaron hernias en la columna, dolores crónicos en rodillas y hombros y una inflamación severa del nervio ciático que le impide levantarse por sí solo, un cuadro por el que ya han tenido que llevarlo de emergencia al Hospital Militar.
🔴Gabriel Jesús Barros Romero: Oriundo de Maracaibo, estado Zulia, tenía 23 años y estaba por graduarse con honores de Ingeniería en Computación cuando viajó a Valencia a buscar material académico y fue detenido el 6 de agosto de 2017 en una concentración ciudadana cercana al fuerte.
Desde 2020 cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En más de nueve años ha pasado por cinco centros de reclusión —incluido un mes incomunicado y bajo torturas en la Dgcim de Boleíta— y acumula más de 90 traslados a tribunales mientras permanece en La Mínima de Tocuyito.
🔴Juan Ubencio Machado: Agricultor detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) el 27 de agosto de 2017 en Guatire, estado Miranda, semanas después del alzamiento. Su defensa sostiene que nunca estuvo en Valencia ni tuvo relación con el ataque.
Pasó por Rodeo II y ahora está en Tocuyito. Por las golpizas y el aislamiento que enfrentó desde su captura, a partir de 2020 comenzó a sufrir pérdida progresiva de la audición, zumbidos constantes en los oídos, cálculos renales, insomnio y ansiedad.
🔴Dixon Javier Jiménez Jiménez: Oriundo del estado Yaracuy y mencionado por su madre con el rango de capitán, fue detenido el 6 de agosto de 2017 cerca de la brigada blindada, aunque su familia asegura que no participó en la incursión ni aparece en los videos del asalto. Estuvo en Ramo Verde y Rodeo II antes de ser llevado a Tocuyito, y en las audiencias del juicio denunció los tratos crueles y el aislamiento a los que fue sometido.
🔴Luis Eduardo Mariño Carmona: Fue capturado en los operativos de agosto de 2017 y aparece en los registros de Ramo Verde dentro del grupo de militares procesados por esta causa. Luego fue enviado a Rodeo II y finalmente a Tocuyito, donde permanece sin atención médica pese a los reclamos de su familia por el deterioro de su salud tras nueve años preso.
🔴Víctor Jhoel Cisnero Torrealba: Detenido en las redadas de agosto de 2017, ha sido rotado por al menos cinco cárceles y sedes policiales, entre ellas Rodeo II, hasta quedar recluido en Tocuyito, donde sus abogados denuncian que las autoridades le restringen el acceso a revisión médica.
🔴José Gregorio Sevilla: Capturado también en los operativos de agosto de 2017, pasó por Rodeo II y continúa preso en Tocuyito. Durante el juicio en Valencia denunció ante el tribunal que arrastra secuelas físicas y psicológicas por las torturas que sufrió cuando fue arrestado.
Condenas modificadas a 15 y 14 años de prisión
En la misma sentencia de segunda instancia, la Sala 2 de la Corte de Apelaciones rebajó las condenas de 30 años dictadas en diciembre de 2025 contra otros cuatro procesados del expediente.
🔴Jesús Enrique Jordán Arias: Coronel retirado de la GNB de 68 años. Fue detenido el 13 de agosto de 2017 y pasó ocho meses en Ramo Verde hasta que en 2018 recibió una medida cautelar de presentación periódica, la cual cumplió por más de siete años hasta que el tribunal revocó el beneficio y ordenó su recaptura en diciembre de 2025.
La Corte de Apelaciones redujo su pena a 15 años de prisión. Permanece en el Centro de Formación del Hombre Nuevo El Libertador, en Tocuyito, donde su esposa y defensores advierten que padece fibrosis pulmonar, diabetes tipo 2, síndrome metabólico, obesidad grado II y edemas en las piernas sin control médico constante.
🔴Omar Amable Escalante Rodríguez: Docente jubilado de 74 años y expresidente de Fetracarabobo. Fue arrestado por el Sebin en agosto de 2017 y estuvo casi cinco meses en Ramo Verde antes de salir bajo régimen de presentación, medida que cumplió sin falta durante más de ocho años hasta que lo detuvieron de nuevo el 19 de diciembre de 2025 cuando acudió voluntariamente a los tribunales de Carabobo.
Estuvo preso en los destacamentos 411 y 24 de la GNB hasta marzo de 2026, cuando sufrió una descompensación por hipertensión arterial, diabetes e insuficiencia renal que obligó a hospitalizarlo de emergencia en Naguanagua; el 14 de marzo recibió una medida humanitaria y ahora la Sala 2 rebajó su condena a 15 años de cárcel, ratificando que seguirá cumpliéndola bajo arresto domiciliario en su casa de La Isabelica, en Valencia.
🔴Rafael Yoxsan González Castellano: Vinculado al ámbito militar, fue detenido en agosto de 2017 por la Dgcim y recluido en Boleíta y Ramo Verde, donde se denunciaron torturas y desaparición forzada en su contra. En 2018 recibió una medida cautelar con la que pudo trabajar y estudiar Derecho en libertad, pero fue recapturado en diciembre de 2025 en el Palacio de Justicia de Carabobo y sigue preso en ese estado luego de que los jueces le negaran una amnistía y fijaran su condena en 14 años de prisión.
🔴Juan José Castillo: Fue capturado en los operativos de agosto de 2017 e imputado por rebelión militar, traición a la patria, ataque al centinela y sustracción de efectos pertenecientes a la FANB. Aunque en diciembre de 2025 había recibido la pena máxima de 30 años, la Sala 2 de la Corte de Apelaciones modificó el fallo y redujo su sentencia a 14 años de cárcel.
Publicado por Autor Efecto Cocuyo
