La muerte civil —ser borrado de registros oficiales, perder las propiedades, volverse apátrida— es un riesgo extremo “que pueden enfrentar las personas nicaragüenses por decir lo que piensan” sobre el régimen autoritario de los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, dijo Rosa María Payá ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) el pasado 5 de agosto.
De esta forma, la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para Nicaragua explicó por qué la entidad repudiaba el anuncio de Ortega en julio, cuando dijo que no convocarían más a elecciones para no dar chance a los “vendepatria” de “atrapar el poder”. Por haber alzado su voz contra el régimen, cientos de nicaragüenses han enfrentado una justicia sin garantías, han perdido su patria y han quedado varados en países ajenos. Entre ellos, cuatro mujeres: Guisella Ortega, Tamara Dávila, María Oviedo y Suyén Barahona. Todas declaradas “vendepatria” por el régimen.
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Resguardada en un cuarto de ventanas pequeñas, en un país centroamericano, Taylor escucha los gritos de sus vecinos y los ruidos la transportan a una vida pasada. En las mañanas enseñaba literatura y en las tardes gritaba nombres de desaparecidos, muertos y presos políticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En las protestas de 2018, cuando el asesinato del estudiante de 15 años Álvaro Conrado la empujó a las calles, los manifestantes bautizaron a Taylor la ‘Gritona’. Las madres de los muertos y de los presos políticos le pasaban los nombres de los suyos y ella los apuntaba en un papelito, llenaba sus pulmones de aire y rugía.Pero en noviembre de 2022, cuando la detuvieron en el Distrito Tres, algo había cambiado: Taylor era madre de una bebé de 16 meses y los policías querían usarlo a su favor. “Nosotros sabemos la dirección de la muchacha que tiene a tu hija. Danos información porque si no te la quitamos”, amenazaron. Saber que su hija estaba en riesgo hizo que se le atorara su propia voz. Su nombre ni siquiera es Taylor, sino Guisella Ortega. Ella cambió de casa, pero el asedio policial la llevó a salir del país con la pequeña.
Encarceladas
A siete kilómetros del Distrito Tres se ubica la Dirección de Auxilio Judicial, un centro de detención que inauguró el régimen Ortega-Murillo en 2019. El Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas y la Organización Mundial contra la Tortura han denunciado allí violencia sexual, descargas eléctricas y aislamientos prolongados. En Nicaragua lo llaman el ‘nuevo Chipote’; el viejo era la cárcel donde la dictadura de Somoza torturó a cientos de personas en los años 60 y 70.
Entre junio y julio de 2021, tres mujeres fueron encerradas en el nuevo Chipote. Eran Tamara Dávila, del Directorio Político de la Unidad Nacional e integrante de Unamos (partido político opositor al régimen); Suyén Barahona, presidenta de Unamos; y la exfiscal y abogada de presos políticos María Oviedo. Las detuvieron cinco meses antes de las elecciones presidenciales bajo la acusación de cometer delitos que perjudicaban al pueblo nicaragüense. Luego las procesarían sin darles acceso adecuado a sus abogados y las llevarían a juicio sin pruebas. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) tildó los juicios de “farsa judicial”.
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Estuvieron recluidas cada una en una celda con la prohibición explícita de hablarse o de hacerse señas, y les decían: “¿Qué hacés aquí, metiéndote en problemas, en vez de estar en tu casa cuidando a tus niños?”. Luego de los reproches vino el castigo: no les permitieron verlos. Aislada en una celda, Tamara Dávila lloró al pensar en su niña de cinco años durante las primeras 80 mañanas de los 20 meses que estuvo detenida, tiempo en que las autoridades la mantuvieron desaparecida. Supo algo de ella cuando por fin le permitieron a su madre visitarla. A Suyen Barahona le decían que si quería casa por cárcel para estar con su hijo, debía delatar a gente. Por negarse, le autorizaron por primera vez una videollamada de 10 minutos con su familia el 25 de diciembre de 2022. Solo ahí volvió a escuchar la voz de su niño de cinco años. Llevaba 18 meses recluida.De este grupo de mujeres, la única a quien su detención la tomó por sorpresa fue a María Oviedo. Comenzó en la Fiscalía en 2006 y se retiró en 2018, cuando el régimen empezó a matar ciudadanos en las calles por protestar. Pasó a defender presos políticos, convencida de que todo poder democrático necesita contrapesos. Pero, en Nicaragua, el poder no tiene límites desde hace muchos años. A la exfiscal Oviedo la arrestaron en la casa de su madre en julio de 2021, el mismo día en que fue dada de alta de una intervención quirúrgica.
A estas cuatro mujeres las detuvieron en operaciones policiales de una envergadura que bien habrían podido desplegarse para grandes narcotraficantes, y eso no es coincidencia. El informe ‘Persecución política por motivo de género en Nicaragua’ (2026), elaborado por la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos y el Centro Guernica para la Justicia Internacional, explica que el régimen Ortega-Murillo persigue al movimiento feminista y de mujeres por una razón: se oponen al modelo de mujer sumisa y fiel al Gobierno. Y, por ende, cuestionan mecanismos que le permiten al régimen ejercer el control social, político y cultural en Nicaragua. Diana Silva, investigadora principal del informe, dice que a las mujeres “se les veía como una amenaza al orden político”, y que la cancelación masiva de las personerías jurídicas de organizaciones feministas o de mujeres hizo evidente el blanco. No fueron las únicas víctimas, señala Silva, pero sí las golpeó con más fuerza la embestida oficial de confiscación de bienes y congelación de cuentas bancarias.Condenadas —o cerca de estarlo—, el giro inesperado en sus historias fueron unas negociaciones secretas entre los gobiernos de Nicaragua y de Estados Unidos. En febrero de 2023, el régimen de Ortega sacó súbitamente a 222 presos políticos de las cárceles, los montó en un avión y dio luz verde a su viaje hacia Washington D. C. En ese vuelo iban ellas cuatro. Su libertad, sin embargo, tuvo un precio alto. Al aterrizar, se enteraron de que el régimen les había quitado la nacionalidad y confiscado sus bienes. En consecuencia, sus nombres dejaron de existir en los registros de Nicaragua.Tanto Suyen Barahona como María Oviedo están rehaciendo su vida en Estados Unidos. La exfiscal Oviedo trabaja duro por el futuro de sus hijos, con un problema de incontinencia urinaria que le dejó su paso por el nuevo Chipote. Suyen, por su parte, trabaja con lideresas políticas del Sur Global, mujeres que han sufrido violencia y represión, como ella misma.
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Taylor fue quien más tardó en volver a ver a su hija: más de tres años. Se quedó en California tratando de juntar dinero para darle una vida digna, pero el tiempo sin ella empezó a sentirse demasiado pesado. Se reencontró en 2025 con una niña de 4 años que no la reconocía como su madre.Ahora, mientras reconstruye la relación más importante de su vida, navega la burocracia para llegar a España, país que les ofreció la nacionalidad a esos 222 expresos políticos. Tamara Dávila la aceptó de inmediato y acaba de terminar una maestría en Granada.
DIANA DURÁN NÚÑEZ
Connectas (*)
(*) Connectas es una iniciativa periodística sin fines de lucro que promueve la producción, el intercambio, la capacitación y la difusión de información sobre temas claves para el desarrollo de las Américas. Este artículo se elaboró gracias a la colaboración de Guernica37 y la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos. Esta es una versión editada del original por motivos de espacio.
Publicado por Autor El Tiempo
