La intención del gobierno de Abelardo De La Espriella de endurecer su política migratoria y avanzar en la detención y deportación de extranjeros con antecedentes penales y de quienes permanezcan irregularmente en Colombia podría terminar produciendo efectos contrarios a los que busca, particularmente en materia de seguridad, productividad y control de la frontera con Venezuela.
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Así lo advierte Diego Chaves-González, experto en migración del Migration Policy Institute (MPI), quien sostiene que el Estado tiene plena legitimidad para perseguir el delito y expulsar a extranjeros cuando corresponda, pero considera un error equiparar la irregularidad migratoria con la criminalidad.
En entrevista con EL TIEMPO, Chaves explica por qué una política de deportaciones masivas podría fortalecer a los grupos ilegales en la frontera, afectar sectores de la economía que dependen de mano de obra venezolana y desperdiciar una oportunidad de convertir la integración de cerca de tres millones de migrantes en una herramienta de seguridad y crecimiento.
El gobierno de Abelardo De La Espriella anunció que buscará detener y deportar a los migrantes con antecedentes penales, así como a quienes permanezcan irregularmente en Colombia. ¿Qué opina?
Creo que hay que separar dos discusiones muy distintas. Colombia, como cualquier Estado soberano, tiene el derecho y la obligación de hacer cumplir la ley y actuar frente a extranjeros que cometan delitos. Pero una cosa es perseguir el delito y otra convertir la irregularidad migratoria, por sí sola, en el fundamento de una política amplia de deportaciones. Una política de ese tipo podría terminar jugando en contra de varios objetivos del nuevo gobierno: recuperar la seguridad, aumentar la productividad, fortalecer la relación con Estados Unidos y sacar adelante reformas económicas y sociales.
Abelardo De La Espriella ordena operativos contra migrantes. Foto: Presidencia
¿Por qué es importante distinguir entre criminalidad e irregularidad?
Colombia no está frente a una población que acaba de llegar. Hablamos de cerca de tres millones de venezolanos, la gran mayoría ya regularizados, muchos de los cuales llevan años en el país. Trabajan, consumen, pagan impuestos, tienen hijos en colegios colombianos y forman parte de sus comunidades. La pregunta no debería ser simplemente cómo sacar a esa población, sino cómo aprovechar mejor esa realidad demográfica. Por eso es importante distinguir entre criminalidad e irregularidad: frente al crimen debe existir toda la contundencia del Estado; frente a la irregularidad, la regularización puede ser precisamente una herramienta de control estatal.
¿Dónde debería trazarse la línea entre ese ejercicio legítimo de autoridad sobre extranjeros criminales y una política de deportaciones que pueda terminar siendo contraproducente?
La línea debería trazarse entre hacer cumplir la ley y asumir que el estatus migratorio equivale a un problema de seguridad. Si una persona comete un delito, independientemente de su nacionalidad, debe responder ante la justicia y, cuando corresponda legalmente una expulsión o deportación, el Estado tiene plena legitimidad para aplicarla. Pero hay una paradoja importante: regularizar también es controlar. Cuando una persona está registrada, el Estado sabe quién es, puede conocer dónde vive y trabaja e incorporarla a sus sistemas institucionales. Eso aumenta la capacidad para prevenir, investigar y judicializar delitos. La irregularidad hace exactamente lo contrario: invisibiliza.
Cuando una persona está registrada, el Estado sabe quién es, puede conocer dónde vive y trabaja e incorporarla a sus sistemas institucionales.
¿Cuál sería una política eficaz?
Una que busque saber quién está en Colombia, facilitar que quien pueda regularizarse lo haga y exigir que cumpla las reglas. Eso es mucho más efectivo que tratar a cientos de miles de personas irregulares como si fueran un mismo problema de seguridad.
Usted sostiene que Colombia no debería replicar la política migratoria que EE. UU. ¿Por qué?
Porque una alianza no implica que dos países deban hacer exactamente lo mismo. Las políticas pueden ser complementarias. Una prioridad de Estados Unidos es reducir la migración irregular hacia su frontera y aumentar los retornos. Colombia puede contribuir fortaleciendo la reintegración de los colombianos que retornan, integrando a los venezolanos que ya están en el país para reducir los incentivos de una migración secundaria hacia el norte y contribuyendo a la estabilidad de la frontera y de Venezuela.
Pero, si Colombia genera abruptamente el movimiento de cientos de miles de personas hacia una frontera frágil, puede producir precisamente lo que Estados Unidos busca evitar: mayor inestabilidad, más migración irregular y más oportunidades para las economías ilícitas.
Chaves advierte sobre los riesgos de las deportaciones masivas. Foto: Migración Colombia
¿Por qué avanzar en la regularización puede ayudar a Colombia a nivel regional?
Primero, la relación entre Colombia y Estados Unidos ha sido históricamente bipartidista y es importante preservar ese carácter. Luego, Colombia también tiene una oportunidad de liderazgo regional. Fue pionera en regularización e integración y puede demostrar que esta no es solo una agenda humanitaria, sino también de productividad, inclusión financiera, seguridad, protección social y paz. Y una Venezuela más estable también puede abrir oportunidades económicas para Colombia. Hay interés empresarial en su recuperación, en el comercio y eventualmente en la reconstrucción. Generar nuevas presiones sobre un país todavía institucionalmente frágil puede ir en contra de esos mismos intereses.
Pero el gobierno De La Espriella argumenta que uno de los argumentos del gobierno será que esta es una medida de seguridad. Usted plantea que una deportación masiva podría generar nuevos problemas en la frontera con Venezuela. ¿De qué tipo?
Las deportaciones no ocurren en el vacío. Una parte importante de la frontera tiene presencia de grupos armados, redes de contrabando, trata y tráfico de personas y otras economías ilícitas. Si se desplaza hacia esos territorios a decenas o cientos de miles de personas sin empleo, protección o redes familiares, se crea una población altamente vulnerable al reclutamiento y la explotación.
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Si las deportaciones masivas no son la respuesta, ¿cuál debería ser la alternativa?
Yo plantearía tres carriles. El primero es seguridad y cumplimiento de la ley. Quien cometa delitos debe responder ante la justicia y, cuando corresponda legalmente una expulsión, el Estado debe ejecutarla. El segundo es regularización y control estatal. Colombia todavía tiene población venezolana en situación irregular. Necesita identificarla, registrarla y establecer mecanismos de regularización para quienes cumplan las condiciones. Eso fortalece, no debilita, al Estado. Y el tercero es pasar de la regularización a una verdadera política de integración y desarrollo: empleo formal, certificación de competencias, reconocimiento de títulos, inclusión financiera, seguridad social y conexión con los sectores donde Colombia necesita trabajadores.
En Colombia viven cerca de tres millones de venezolanos y una parte importante ya está integrada al mercado laboral. ¿Qué impacto económico tendría la salida de cientos de miles de ellos?
Colombia ya hizo una inversión enorme en la integración de esta población, y el sector privado también. Desmontar ese proceso tendría un costo. Los venezolanos trabajan en servicios, comercio, agricultura, transporte, turismo, construcción y otros sectores. En muchos casos no estamos hablando simplemente de sustitución de trabajadores colombianos, sino de complementariedades en el mercado laboral. Eso es particularmente relevante frente a las necesidades de reconstrucción que enfrenta el país. La construcción y las actividades asociadas requerirán mano de obra. Antes de prescindir de trabajadores que ya están aquí, habría que preguntarse cómo formalizarlos, capacitarlos y conectarlos con esas necesidades.
El siguiente paso debe ser convertir esa regularización en productividad y en una política de Estado de largo plazo.
También hay un componente demográfico. Colombia está envejeciendo y una alta proporción de la población venezolana está en edad de trabajar. Bien integrada, es una población que produce, consume, paga impuestos y cotiza a salud y pensiones. Por eso la migración puede ser un activo para una agenda de productividad, formalización y sostenibilidad de los sistemas de protección social.
Algún comentario final…
Colombia fue pionera con el Estatuto Temporal de Protección. El siguiente paso debe ser convertir esa regularización en productividad y en una política de Estado de largo plazo. Al final, esta no tiene que ser una discusión entre ser firme o ser generoso con la migración. Se puede ser firme frente al delito y, al mismo tiempo, inteligente frente a la integración. La oportunidad para Colombia es demostrar que la integración migratoria puede ser una política de seguridad, productividad, protección social, estabilidad regional y liderazgo internacional.
SERGIO GÓMEZ MASERI – Corresponsal de EL TIEMPO – Washington
@sergom68
Publicado por Autor El Tiempo
