Un juez penal de Sonora vinculó a proceso a Jesús Maximiano “N” por el delito de homicidio culposo, luego de que presuntamente la aplicación de sueros vitaminados en su clínica de Hermosillo provocara la muerte de ocho personas entre marzo y abril de 2026.
La resolución se dictó tras una audiencia celebrada el sábado 10 de octubre, informó este lunes Rafael Acuña Griego, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE).
El médico permanecerá en prisión preventiva en el Centro de Reinserción Social (Cereso) número 1 de la capital sonorense. El juez fijó un plazo de tres meses para que la defensa presente pruebas adicionales dentro de la investigación complementaria.
Durante la audiencia, el agente del Ministerio Público formuló la imputación por el delito culposo, mientras la defensa expuso las excepciones que consideró pertinentes.
El magistrado Acuña precisó que aún restan dos audiencias legales para determinar la culpabilidad o inocencia del médico y, en su caso, fijar la penalidad correspondiente. Según el funcionario, la sanción por homicidio culposo podría rondar entre 10 y 12 años de prisión, menor a la estipulada para delitos intencionales.
El médico, identificado también como Maximiano Verduzco Soto, permaneció prófugo durante seis meses tras el inicio de la investigación.
Las autoridades sonorenses ofrecieron una recompensa de 500,000 pesos por información que permitiera su captura, además de emitir alertas internacionales e interestatales.
En abril de 2026, Maximiano “N” obtuvo un amparo federal que frenó temporalmente su detención y presentación ante el juzgado local, lo que complicó la ejecución de la orden de aprehensión durante meses.
Finalmente él mismo fue quien se entregó a las autoridades el lunes 5 de octubre, derivado de complicaciones en su propio estado de salud y recomendación de sus propios abogados, según información en su momento Radio Fórmula.
Tras cumplimentarse la orden de aprehensión, fue trasladado de inmediato al Cereso de Hermosillo. El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, calificó la entrega como un avance en las investigaciones del caso.
La investigación comenzó el 30 de marzo de 2026, tras la muerte de Jesús y Sebastián, padre e hijo, quienes fallecieron con poca diferencia de tiempo después de recibir el tratamiento.
El establecimiento, ubicado en la colonia Jesús García de Hermosillo, se promocionaba como un espacio de medicina regenerativa y homeopática, pese a que la Secretaría de Salud Federal confirmó que el médico no contaba con esa especialidad.
El consultorio presentaba un ambiente de estética “zen” y exhibía diplomas de seminarios de medicina estética, pero carecía de condiciones sanitarias básicas. De acuerdo con testimonios, se registró que en el lugar había presencia de mosquitos y personal que manipulaba insumos médicos mientras comía.
Las autoridades detectaron que Maximiano “N” preparaba las mezclas frente a los pacientes con jeringas prellenadas, en ocasiones de gran tamaño, sin guantes y sobre superficies no estériles. Diego Figueroa, hermano de una de las víctimas, en una entrevista con medios: “Mi hermana se estaba quemando por dentro; la autopsia mostró que tenía el hígado y los riñones completamente dañados”.
Los tratamientos se ofrecían por entre 500 y 1,000 pesos por dosis, tanto en la clínica como en domicilios particulares, lo que dificultó rastrear el origen exacto de la contaminación bacteriana detectada en las soluciones.
El titular de la Secretaría de Salud federal, David Kershenobich, explicó en abril que los pacientes presentaron síntomas de sepsis, una reacción grave ante infecciones que puede resultar mortal. “Tuvieron cifras de glóbulos blancos muy altos y coagulación intravascular. Son fenómenos que se asocian a sepsis”, detalló desde Palacio Nacional.
El funcionario señaló que los sueros se publicitaban erróneamente como tratamientos de células madre. “Incluso en algunos casos se anunciaron como ‘células madre’, que obviamente no sirven”, agregó Kershenobich.
La Secretaría de Salud de Sonora documentó once personas afectadas en total, incluyendo una hospitalización y dos recuperaciones, cifra que después se ajustó a ocho fallecidos y doce personas con lesiones o secuelas graves. El fiscal estatal Rómulo Salas precisó que, desde el 30 de marzo, se activaron protocolos de investigación con intervención de Servicios Periciales, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y la Secretaría de Salud estatal.
Un día después del inicio de la carpeta de investigación, el 31 de marzo, se aseguró el establecimiento donde se aplicaban las sustancias, junto con expedientes clínicos, medicamentos e insumos médicos que, según las autoridades, “presentaban irregularidades”.
Publicado por Autor Infobae
