La ONG Acceso a la Justicia afirmó el pasado jueves 17 de octubre que la destitución de Juan Carlos Delpino, rector principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), ha comprometido el principio de separación de poderes establecido en el artículo 136 de la Constitución.
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En un mensaje publicado en X, la organización destacó que la Asamblea chavista aprobó “declarar la responsabilidad política y administrativa del referido ciudadano», según el artículo 222 de la Constitución.
Con la salida de Delpino, Conrado Pérez asumió como su sustituto, mientras que Aura Hernández fue incorporada como suplente en el CNE. Asimismo, el Parlamento pidió al Ministerio Público “llevar a cabo una averiguación penal que conduzca a la determinación de las respectivas responsabilidades penales del ex rector Delpino”.
Acceso a la Justicia advirtió que la AN violó el artículo 31 de la Ley Orgánica del Poder Electoral (Lope), que exige un pronunciamiento previo de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para la remoción de los rectores del CNE. También se infringió el artículo 32 de la Lope “al no ceñirse a los supuestos legales que deben producirse para remover a los rectores de su cargo”, en este caso, a Juan Carlos Delpino.
Así, la organización concluyó que “una vez más queda diluido el principio de separación de poderes”, donde un poder (AN) se impone a otro (TSJ), debilitando el Estado constitucional de derecho y sin garantías para el afectado.
Redacción Maduradas
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