Según el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, hay dos personas de nacionalidad mexicana entre los más de 900 detenidos por razones políticas en el país. Familiares manifestaron su solidaridad por la situación de los presos políticos extranjeros que están en su mayoría incomunicados, no han tenido acceso a abogados de confianza y enfrentan duras condiciones de reclusión en cárceles
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos pidió «solidaridad y diplomacia» al Gobierno de México y a su presidenta, Claudia Sheinbaum, para lograr una mediación efectiva y la liberación de todos los detenidos por razones políticas en el país, entre ellos dos ciudadanos mexicanos.
En el segundo día de la «ruta por la libertad» el Comité se dirigió ante la embajada de México en Venezuela, donde se entregó un documento para solicitar los «buenos oficios» y la mediación de ese país sobre la situación de sus connacionales y los venezolanos presos políticos.
Hiowanka Ávila, a nombre del Comité, indicó que han buscado diversas vías para reunirse con entes del Estado, pero hasta la fecha y después de haber entregado 10 comunicaciones formales al Ministerio Público y otros organismos como la Defensoría del Pueblo, el Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas y el Ministerio de Servicio Penitenciario, «no hemos conseguido una mesa de conversación».
«Solidaridad y diplomacia por la libertad de los presos políticos».
Con esta consigna, activistas agrupados en el @clippve se concentran la mañana de este martes en la sede de la Embajada de México en Caracas, para solicitar a @Claudiashein interceda por la libertad de los… pic.twitter.com/OvuIe7YR2L
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Bruno Juárez y Wilbert Castañeda son dos presos políticos de nacionalidad mexicana, detenidos en cárceles venezolanas.
El @clippve pide al gobierno de @Claudiashein que interceda por la libertad de ambos y del resto de personas privadas de libertad por razones políticas en… pic.twitter.com/rp4z6dPvla
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También manifestó su solidaridad por la situación de los presos políticos extranjeros que, según dijo, están en su mayoría incomunicados, no han tenido acceso a abogados de confianza y enfrentan duras condiciones de reclusión en cárceles.
Algunos integrantes del Comité fueron recibidos por Eleita González Hernández, jefa de misión adjunta, y la Cónsul de México en Caracas. Ambas «expresaron su preocupación ante la grave crisis de derechos humanos en el país» y manifestaron un «genuino interés en la situación de mujeres y adolescentes presos políticos, así como en escuchar directamente a las víctimas para conocer sus casos y condiciones».
Las funcionarias también reiteraron su disposición a impulsar gestiones diplomáticas que contribuyan a prevenir nuevas muertes bajo custodia, «reafirmando el compromiso de México con los derechos humanos, la justicia y la dignidad».
COMPROMISO Y SOLIDARIDAD | Recibimiento Solidario en la Embajada de México en la #RutaGlobalPorLaJusticia
Este martes #6May, durante la segunda parada de la Ruta Global por la Justicia y la Libertad Plena de los Presos Políticos y Excarcelados con Medidas Restrictivas, fuimos… pic.twitter.com/iVOTdLmtwD
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Según el Comité, hay dos personas de nacionalidad mexicana entre los más de 900 detenidos por razones políticas: se tratan de Bruno Juárez y Wilbert Joseph Castañeda.
En el caso de Juárez, de 28 años y que también tiene nacionalidad venezolana, fue detenido el 3 de noviembre de 2021 en el aeropuerto internacional de Maiquetía, cuando se bajaba de un vuelo procedente de España, al igual que la joven Gabriela Montes.
Ambos compartían un vínculo: estar relacionados por familia o trabajo con la esposa de Hugo Carvajal, exdirector de la Dgcim y bajo arresto en Estados Unidos por narcotráfico. «Los acusaron de que venían a sabotear las elecciones regionales y los desaparecieron 15 días. A ellos los acusaron de terrorismo, conspiración y asociación para delinquir», ha dicho su madre Reyes Flores a este medio.
En mayo de 2023, la jueza Grendy Duque Carvajal los sentenció a 30 años de prisión «sin tener pruebas». Apelaron y aún están a la espera de una resolución judicial.
Actualmente, Bruno Juárez se encuentra detenido en la Dirección de Investigación Penal de la PNB en La Yaguara (Caracas). «Yo vendí todo, mi casa, mi camioneta y un terreno para poder costear los abogados. Ahora sacamos de dónde no tenemos para visitarlos, llevarles agua, los alimentos, hay que llevarles todo», comentó Flores.
Mientras que el mexicano-estadounidense Wilbert Joseph Castañeda fue secuestrado y extorsionado el 30 de agosto de 2024 mientras se encontraba hospedado en un hotel en La Victoria (estado Aragua). El 14 de septiembre, en una rueda de prensa, el ministro Diosdado Cabello lo acusó públicamente –junto con un grupo de personas en su mayoría extranjeras–, de ser «mercenario» y estar involucrado en un supuesto plan para asesinar a Nicolás Maduro y otros altos funcionarios.
Castañeda, de 37 años y miembro activo de los Navy Seals de Estados Unidos, habría sido acusado de los presuntos delitos de terrorismo y homicidio intencional agravado en grado de frustración. Según el Foro Penal, se encontraría recluido en el Internado Judicial El Rodeo I.
*Lea también: Familiares piden a Colombia mediar por liberación de presos políticos
La pareja de Castañeda, la venezolana Deisy Igail Hugles González, y los padres de esta, Sonia Josefina González y Andrés Eloy Hugles, también se encuentran detenidos desde el año pasado y estaría recluidos en la sede de la Dgcim en Boleíta, al este de Caracas.
El Comité continuará su «ruta por la libertad» el miércoles 7 de mayo y esperan entregar un documento en la embajada de Brasil en Venezuela. También esperan entregar sus solicitudes a las representaciones diplomáticas de Japón y la Unión Europea.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
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