Acorralado por la crisis de Ueno Bank, una de las principales entidades financieras de Paraguay, con cerca de tres millones de clientes y unos 850 millones de dólares en fondos públicos bajo su administración, Santiago Peña fue destituido este viernes tras un juicio político exprés.
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Su salida, apenas tres años después de llegar al poder y cuando todavía le restaban casi dos años de mandato, abre una etapa de profunda incertidumbre política e institucional para el país, que ahora debe afrontar las consecuencias de un escándalo que amenaza los ahorros de cientos de miles de personas y salpica a las más altas esferas del Gobierno.
La votación en el Senado fue contundente. De los 45 legisladores, 44 votaron a favor de la destitución. “¡Viva el Paraguay!”, gritaron algunos parlamentarios en el recinto, mientras varios cientos de personas que aguardaban el resultado a las puertas del Congreso, en Asunción, celebraban la decisión.
La Cámara Alta condenó al mandatario por la causal constitucional de mal desempeño de funciones. Sin embargo, Peña no compareció personalmente ante los senadores y estuvo representado por sus abogados defensores, Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda, quienes hasta el último instante sostuvieron que no podía ser destituido porque ya había presentado su renuncia.
El presidente del Senado, Basilio Núñez (centro), lee un documento durante un juicio político. Foto: AFP
Durante el juicio político, el diputado Raúl Benítez, de oposición, acusó al hoy expresidente de haber permitido el funcionamiento de una estructura destinada a vaciar la entidad financiera. “Aquí se ha montado un esquema criminal que se ha dedicado a vaciar un banco con la protección de instituciones que él controlaba como presidente de la República”, afirmó.
Con el desenlace prácticamente decidido, Peña, de 47 años, publicó en la red social X un mensaje de despedida en el que expresó su “gratitud” y pidió “reconstruir la institucionalidad”. El jueves había presentado su renuncia, una salida que le habría permitido convertirse en senador vitalicio, condición que contempla la Constitución paraguaya para los expresidentes. La destitución mediante juicio político, en cambio, lo deja sin esa prerrogativa y sin la inmunidad parlamentaria asociada al cargo.
De hecho, minutos después de la votación, la Fiscalía ordenó a la Policía su detención domiciliaria en el marco de una investigación penal que busca establecer su eventual responsabilidad en los presuntos delitos de lesión de confianza, tráfico de influencias y administración en provecho propio. El exmandatario deberá comparecer este sábado ante el Ministerio Público para responder por las sospechas relacionadas con sus vínculos con el grupo empresarial propietario de Ueno y la supervisión de la entidad.
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Mientras tanto, el vicepresidente Pedro Alliana juró como nuevo presidente de Paraguay y asumió el desafío de conducir un país golpeado por la crisis. Deberá completar el mandato que Peña tenía previsto concluir en agosto de 2028. En sus primeras declaraciones, prometió compensar plenamente a los ahorristas afectados por el colapso de Ueno. “No los vamos a dejar solos”, afirmó.
Su llegada al poder, sin embargo, no despeja las dudas sobre la responsabilidad política del Gobierno en el escándalo. El propio Alliana también figura entre los dirigentes alcanzados por las investigaciones abiertas por la crisis bancaria, según informó Associated Press.
La caída de Peña también tuvo un componente decisivo para su final dentro de su propio partido. Horacio Cartes retiró su respaldo al mandatario y anunció que el Partido Colorado acompañaría el juicio político. Cartes había sido uno de los principales impulsores de su candidatura presidencial en 2023 y su ruptura terminó de dejar a Peña aislado, incluso entre las filas oficialistas.
Juan Nicolás Garzón, profesor del programa de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Sabana, señaló que la pérdida de ese respaldo fue determinante para acelerar su salida del poder. “El presidente se le fue saliendo muy rápidamente de las manos, al punto de que perdió el apoyo fundamentalmente de su propio partido”, explicó.
El vicepresidente de Paraguay, Pedro Alliana, presta juramento como presidente. Foto: AFP
Alliana deberá asumir el costo político de una crisis que estalló dentro del propio Gobierno y cuyas responsabilidades aún están lejos de esclarecerse. Su llegada al poder, además, estuvo marcada por la ausencia de la oposición durante el acto de posesión, una señal de la tensión política que hereda.
“Alliana asume la presidencia parado y sostenido sobre una delgada madera terciada. Debajo tiene el abismo. Su primera medida debe ser echar a su familia completa de los cargos públicos. El país no tendrá piedad con él. Tiene cero saldo de confianza y credibilidad”, señaló el abogado y periodista Benjamín Fernández Bogado.
La destitución reaviva además el recuerdo de la salida de Fernando Lugo en 2012, cuando el entonces presidente fue apartado del poder mediante un juicio político en el Congreso, después de una masacre en la que murieron 11 campesinos y seis policías en el noreste del país.
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¿Cómo se gestó el colapso de Ueno Bank?
Ueno Bank había nacido en 2021, cuando el Grupo Vázquez, un conglomerado paraguayo liderado por el empresario Federico Miguel Vázquez, adquirió la Financiera El Comercio y comenzó a desarrollar una propuesta de banca digital.
En 2023, obtuvo la autorización para operar como banco y, en 2024, incorporó Visión Banco, una operación que aceleró su expansión y lo convirtió en uno de los principales actores del sistema financiero paraguayo. Su fundador y varios antiguos directivos figuran entre los investigados por las presuntas irregularidades.
Su crecimiento también estuvo acompañado por la llegada de recursos públicos. Hasta el martes, la entidad administraba alrededor de 850 millones de dólares de distintas instituciones estatales, entre ellos fondos del Instituto de Previsión Social (IPS), del que dependen las pensiones de miles de trabajadores.
Agentes de las fuerzas especiales de la policía montan guardia frente a una sucursal del banco Ueno. Foto: AFP
Sin embargo, esa expansión terminó abruptamente en la madrugada del 3 de noviembre, cuando los clientes intentaron ingresar a la aplicación y encontraron la pantalla en blanco. En lugar de mostrar sus saldos, solo aparecía un mensaje: “No podemos mostrar el saldo”.
Horas después, el Banco Central de Paraguay anunció la intervención y liquidación de la entidad tras detectar que no contaba con suficiente respaldo financiero para responder por sus obligaciones. La investigación encontró que Ueno había concedido préstamos millonarios a empresas vinculadas con su propio grupo propietario (desde compañías del sector financiero hasta firmas de logística y seguros), algunas de las cuales no tenían capacidad suficiente para devolverlos. También identificó operaciones financieras que podrían haber servido para ocultar el verdadero estado de las cuentas del banco.
Entre las operaciones bajo sospecha figuran préstamos por unos 146 millones de dólares concedidos a tres empresas vinculadas al Grupo Vázquez (Mowi SA, Grupo Hendy SA y Grupo M SA) entre septiembre de 2025 y mayo de 2026. Según documentos del Banco Central examinados por el diario paraguayo ABC Color, los créditos se habrían otorgado sin garantías reales y por encima de los límites legales para operaciones con empresas relacionadas.
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Los documentos también muestran que parte de esos recursos terminó en otras compañías del mismo conglomerado, entre ellas Itti y Redisa, para cubrir sobregiros y otras obligaciones financieras.
La noticia desató el temor a un nuevo ‘corralito’ bancario, como el que sufrió Argentina en 2001, cuando el Gobierno de Fernando de la Rúa restringió los retiros de dinero de los bancos y miles de personas quedaron sin poder acceder a sus ahorros. Ante la incertidumbre, miles de clientes acudieron a las sucursales de Ueno para intentar retirar su dinero, pero encontraron las oficinas cerradas.
La crisis también puso bajo sospecha los vínculos entre el banco y el poder político. Peña había sido accionista de Ueno Holding, grupo propietario del banco, participación que aseguró haber vendido en marzo de 2025. Además, nombró al frente del Banco Central al también detenido Carlos Carvallo, antiguo presidente de Ueno y responsable ahora de supervisar a entidades como la que alguna vez dirigió.
Aunque Paraguay cuenta con un fondo de garantía que protege los ahorros de hasta 75 salarios mínimos por cliente, unos 228,3 millones de guaraníes, equivalentes a aproximadamente 37.700 dólares, la medida no logró calmar el malestar. El Banco Central anunció el inicio de la devolución de los depósitos el jueves, pero los pagos avanzan por etapas y no todos los clientes pueden acceder todavía a su dinero.
En una primera fase, las autoridades habilitaron los pagos para los clientes con depósitos de hasta 10 millones de guaraníes, siempre que no tengan deudas con la entidad y dispongan de una cuenta en otro banco o financiera.
Según las cifras difundidas por el Banco Central, más de 722.000 clientes entraron en este primer proceso. Sin embargo, alrededor de 262.000 clientes no tienen cuentas habilitadas en otras entidades y deberán esperar un mecanismo adicional para recuperar sus fondos. A esto se suma la incertidumbre de quienes tenían depósitos superiores al tope establecido.
Un manifestante muestra un cartel que dice «No robaron dinero, robaron nuestro futuro». Foto: AFP
Las consecuencias del escándalo también trascendieron el ámbito bancario. En Argentina, unos 1.000 empleados de ITTI, empresa tecnológica del mismo grupo, fueron suspendidos durante 30 días sin sueldo. El impacto llegó incluso al fútbol: la Conmebol tenía unos 13 millones de dólares depositados en Ueno, según una fuente de la organización citada por AFP. El banco también patrocinaba a varios equipos de primera división y a la selección paraguaya.
El contraste económico
La crisis llega, además, en un momento de auge económico para Paraguay. Con alrededor de 6,5 millones de habitantes, el país atraviesa una etapa de crecimiento que el Fondo Monetario Internacional (FMI), en un informe de su Directorio Ejecutivo publicado en agosto de 2026, calificó como de “notable resiliencia”, respaldada por “sólidos fundamentos macroeconómicos”.
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Las cifras respaldan este diagnóstico. Durante los últimos tres años, la economía paraguaya creció a un ritmo promedio anual cercano al 5,5 %, mientras que para 2026 el FMI proyectaba una expansión del 4,4 %, una de las tasas más altas de la región. Este desempeño ha estado impulsado por sectores como los servicios, la industria manufacturera, la agricultura, la construcción y la distribución de energía.
La inflación también se ha mantenido relativamente controlada, mientras que la pobreza monetaria registró una reducción significativa. Según los resultados oficiales presentados por el Gobierno paraguayo en marzo de 2026, la pobreza cayó al 16 % en 2025, lo que representó una disminución de 3,6 puntos porcentuales frente al año anterior. Esto se tradujo en que más de 213.000 personas salieron de esa condición.
En materia de inversión, Paraguay también ha conseguido avances significativos. En julio de 2024, obtuvo el grado de inversión por parte de Moody’s y, en diciembre de 2025, Standard & Poor’s le concedió la misma calificación. Estos reconocimientos reforzaron su imagen como uno de los destinos más atractivos para la inversión en Sudamérica, gracias a su estabilidad macroeconómica y a una política fiscal relativamente prudente.
Manifestantes se enfrentan a agentes de la policía frente a la residencia del destituido presidente. Foto: AFP
Sin embargo, el buen desempeño de los indicadores macroeconómicos no ha resuelto algunos de los problemas estructurales del país. Según el Instituto Nacional de Estadística, alrededor del 60 % de los trabajadores se desempeña en la informalidad y persisten importantes brechas de desigualdad.
El desafío para Paraguay será demostrar que el escándalo de Ueno Bank no compromete la estabilidad de su sistema financiero ni la credibilidad de sus instituciones. Para Alliana, el margen de maniobra será estrecho, pues deberá garantizar la devolución de los ahorros, esclarecer las responsabilidades políticas y judiciales y recuperar la confianza en los organismos de supervisión.
CAMILO A. CASTILLO – Subeditor Internacional – X: (@camiloandres894)
(*) Con reportería de Marcela Guardo
Publicado por Autor El Tiempo
