Como “el mayor acuerdo petrolero de la historia” calificó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al contrato firmado con el gobierno interino de Venezuela para controlar una reserva probada de 65.000 millones de barriles de crudo distribuidos en 17 yacimientos. Anunciado a finales de agosto de 2026, marcó un punto de inflexión en la nueva dinámica comercial que surgió entre ambos países después de la operación militar del 3 de enero, que sacó del poder a Nicolás Maduro.
Desde Caracas, la presidenta encargada Delcy Rodríguez también destacó el acuerdo con las mismas palabras que Trump, afirmando que traerá al país más de 100 mil millones de dólares en inversiones y $209 mil millones en ingresos para el Estado que se destinarán en salud, educación y proyectos sociales. Sin embargo, donde ha habido discrepancias considerables ha sido en el tiempo de concesión de los yacimientos, con Rodríguez aclarando que será por 25 años como establece la ley, mientras que Trump y otros voceros estadounidenses aseguran que será por 100 años.
Lo cierto es que acuerdo histórico ha estado envuelto en un velo de opacidad desde su firma, con muchos detalles que siguen sin ser públicos y otros que apenas se han conocido por filtraciones de la prensa internacional. Por ejemplo, se sabe que el gobierno interino firmó este acuerdo realmente con la empresa North American Blue Energy Partners (Nabep), propiedad del controversial empresario venezolano Alejandro Betancourt. Otras empresas con contratos de explotación han sido la italiana ENI, la española Repsol, la francesa Maurel & Prom, la estadounidense Chevron, que ya tenían años operando limitadamente en el país durante el gobierno de Maduro.
Nabep, el segundo mayor operador privado de crudo en Venezuela después de Chevron, a su vez firmó un acuerdo en agosto para ceder el 35 % de sus acciones a la Oficina de Capital Estratégico, una entidad adscrita al Departamento de Guerra (antes Defensa) de EE UU. También firmó un contrato de exclusividad para destinar al menos un 20 % de su producción al Departamento de Estado pagando solo el costo de extracción. En pocas palabras, Washington se ha asegurado una reserva fija de petróleo venezolano a precios más bajos que su valor de mercado.
“A ese acuerdo tenemos que verle más detalles en su diseño institucional, porque también hay mucha opacidad sobre eso. Pero en lo inmediato no tiene un impacto considerable. Debemos esperar a que efectivamente ese acuerdo se concrete, y sobre todo, que en Estados Unidos las demandas que están exigiendo sectores de los partidos republicanos y demócratas sobre ese acuerdo también aclararía mucho lo que contiene y cuáles serían sus implicaciones en el mediano y en el largo plazo. Por lo pronto, lo que tenemos es lo que tenemos”, declara en entrevista para El Diario María Antonia Moreno, profesora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).
Mientras el Congreso de Estados Unidos investiga la transparencia y legalidad de este acuerdo, en Venezuela los ciudadanos esperan volver a ver beneficios de la renta petrolera tras años de crisis económica y humanitaria. Sobre todo tras el doble terremoto del 24 de junio, que no solo devastó ciudades como La Guaira, sino que frenó de golpe las expectativas de los economistas de cerrar el año con mejores números de los que probablemente aparezcan en los informes finales.
¿Cómo estaba la industria petrolera venezolana?
Conviene recordar cuál era la situación de Venezuela antes de las operaciones militares del 3 de enero. Durante el gobierno de Hugo Chávez (1998-2013), se estatizó por completo la industria petrolera, relegando el rol del capital privado a accionistas minoritarios en empresas mixtas. Así, convirtió a la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en la columna vertebral de su economía, aprovechando que su gestión coincidió con una bonanza en la que el crudo pasó a cotizarse a más de $100 por barril para sostener todas sus políticas públicas, proyectos sociales, e incluso ayudas a otros países.
En entrevista para El Diario, Moreno relata que en esta época que se le dio el rol a la empresa estatal petrolera de gestionar programas parafiscales y otros programas de desarrollo económico como PDVSA Agrícola. Incluso los excedentes de la bonanza petrolera, en lugar de reinvertir en la industria, se destinaban al Fondo para el Desarrollo Nacional (Fonden), administrado a discreción por Chávez, y por donde se estima que pasaron más de $100 mil millones sin contraloría.
La economista e investigadora señala que tras la muerte de Chávez, su sucesor, Nicolás Maduro, trató de mantener este modelo, pero en 2014 colapsó su renta petrolera debido a la caída internacional de los precios del barril. En un país que se había vuelto dependiente del dinero de PDVSA, fue un golpe crítico que derivó en la posterior crisis económica de los años siguientes. En ese momento, PDVSA ya había pasado de producir 3,32 millones de barriles diarios en el año 1998 a 2,35 millones para 2013.
“Ya PDVSA venía experimentando una severa contracción y un severo deterioro de sus finanzas. Además, se endeudó considerablemente entre 2007 y 2014 y tenía que dedicar gran parte de los recursos al servicio de la deuda. Recordemos el famoso bono PDVSA 2020, en el que se comprometió como colateral a la entrega del 51 % de las acciones de Citgo, nuestra filial petrolera en Estados Unidos. Entonces tenemos un choque petrolero en 2014, tenemos un manejo estructural de la empresa que desvió sus propósitos para otros fines y después se añaden las sanciones”, explicó.
Flota fantasma
Efectivamente, a la crisis económica de Venezuela se sumó una dimensión geopolítica en los años siguientes debido al deterioro de la institucionalidad democrática en el país. Durante la primera administración de Donald Trump en la Casa Blanca (2017-2021), las tensiones aumentaron debido a las sanciones económicas impuestas a diferentes funcionarios y entes del gobierno de Nicolás Maduro. La situación escaló en enero de 2019, cuando el Departamento del Tesoro congeló los bienes de PDVSA en el exterior y bloqueó cualquier tipo de negocio o exportación con su petróleo.
Esto significó otro golpe para una industria que ya venía mermada de años anteriores y de un país que sufría una emergencia humanitaria compleja producto de la crisis de 2014. El investigador especializado en el análisis del sector energético Oswaldo Felizzola indicó que entrevista para El Diario que esta situación llevó al gobierno de Maduro a buscar alternativas para vender petróleo evadiendo las sanciones, recurriendo al mercado negro.
Fue entonces que las exportaciones de crudo se realizaron a través de la “flota fantasma”, es decir, buques sin bandera o que cambian dependiendo del lugar, y que no se apegan a las normas de comercio internacional, como por ejemplo el pago de impuestos. Felizzola estima que alrededor del 30 % de la flota de marina mercante internacional opera como buques fantasma.
Bajo este esquema, China se consolidó como el principal comprador del país. Sin embargo, Felizzola señala que las refinerías chinas no están hechas para procesar el petróleo extrapesado venezolano, conocido como crudo Merey. A esto se sumaba que los diluyentes e infraestructuras especializadas para tratar con este tipo de hidrocarburo estaban justamente en Estados Unidos, por lo que la solución fue mezclarlo con otros crudos de Irán o Malasia. También repercutió en su valor final, muy por debajo del estándar del mercado. A veces con descuentos de hasta $5 por barril. En otras, pagando “en especias” con insumos que se importaban a Venezuela.
No obstante, el panorama cambió cuando Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2015. El republicano no solo endureció varias de las sanciones flexibilizadas por la administración anterior de Joe Biden, sino que en el marco de su operación militar antidrogas en el mar Caribe, comenzó a interceptar los buques fantasma con cargamentos vinculados a Venezuela.
De acuerdo con reportes del gobierno estadounidense, alrededor de siete buques fantasma fueron interceptados entre diciembre de 2025 y enero de 2026. Esto obligó al gobierno venezolano a reducir sus envíos de crudo a Asia, quedando toda su producción retenida en almacenes.
¿Qué cambió luego del 3 de enero?
De cazar buques fantasma en alta mar, Estados Unidos pasó de la noche a la mañana a ser el principal socio comercial de Venezuela y su principal comprador de petróleo. Tras la captura de Nicolás Maduro, el Departamento de Energía estadounidense anunció el 7 de enero su intención de controlar las ventas de petróleo venezolano. Esto se tradujo en la primera venta supervisada por $500 millones, los cuales fueron depositados en una cuenta especial en Catar, y de ahí fondos destinados para la recuperación económica del país y de infraestructuras energéticas.
Por su parte, Moreno señala que otro de los grandes cambios que vino después del 3 de enero fueron las licencias emitidas para flexibilizar las sanciones aún vigentes sobre la industria petrolera, facilitando la comercialización de crudo y el suministro de insumos, sino también las operaciones de empresas extranjeras en el país.
Esto, resalta, también ha venido de la mano con las propios cambios introducidos por el gobierno interino de Delcy Rodríguez, como la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que pone fin a décadas de estatización y permite nuevamente al capital privado tener un papel activo en la exploración, explotación y venta de crudo.
“Todavía el cambio institucional en el sector petrolero del país todavía está en sus fases preliminares de ajuste y estamos esperando porque se aclaren un conjunto de condiciones que no están claramente definidas para convencer al inversionista privado para invertir en Venezuela”, aclara.
¿En qué se han usado los ingresos petroleros?
La opacidad informativa ha sido uno de los elementos que ha caracterizado a esta nueva etapa de relaciones comerciales entre Venezuela y Estados Unidos. En enero, Delcy Rodríguez anunció la creación de la plataforma Transparencia Venezuela, con la cual prometió que se podría hacer seguimiento a cada venta de crudo realizada y su destino en los fondos de infraestructura y protección social.
Sin embargo, para el 31 de octubre de 2026, la página web solo tiene registrada una entrada de $300 millones por venta extraordinaria de fuel oil, la cual a su vez dice que se desembolsó por completo en “aumento del ingreso mínimo integral” en marzo. Desde entonces no hizo más actualizaciones. Solo a través de sus alocuciones, Rodríguez ha dicho que los ingresos petroleros se han usado para recuperar el Sistema Eléctrico Nacional, así como atender las secuelas que dejaron los terremotos.
“Hasta ahorita, el dinero que se está obteniendo de la venta de petróleo no está llegando de forma directa a los venezolanos, es decir, directamente a la cuenta bancaria de PDVSA, en el Banco Central, sino que se queda una cuenta en el Citibank que está administrada por la Secretaría de Energía de los Estados Unidos. Y entre una de las prioridades que tiene la Secretaría de Energía es la recuperación de producción petrolera, recuperación de producción, es decir, del sector eléctrico nacional. Por eso es que todos estos generadores, turbinas, taladros, tubos, válvulas que se están comprando, se están pagando con esos recursos”, menciona al respecto Felizzola.
Otro sector donde ha impactado notablemente esto ha sido en el mercado cambiario. En enero, se conoció que de esa primera venta de $500 millones depositada en Catar, se repartieron $300 millones a un grupo de cuatro bancos venezolanos para mejorar la oferta de divisas y reducir la brecha entre el tipo de cambio oficial, fijado por el Banco Central de Venezuela (BCV), y la tasa del mercado paralelo. En febrero, el Departamento de Energía anunció que ya no usaría la cuenta en Catar sino que manejaría directamente los fondos.
De acuerdo con el portal Banca y Negocios, hasta el 4 de septiembre, el 84,3 % del volumen de divisas circulando en el mercado cambiario proviene de las ventas de empresas petroleras privadas, como Chevron, al BCV. El economista Luis Zambrano Sequín también es investigador en el IIES-UCAB, y en entrevista para El Diario, dijo que originalmente la entrega de divisas de las cuentas tuteladas por Estados Unidos al BCV tenía el objetivo de estabilizar el mercado cambiario y, de registrar un crecimiento económico sostenido durante el año, poder frenar otros problemas como la inflación.
“La producción petrolera creció algunos meses y luego empezó a estancarse porque la inversión no llegó a la velocidad que se esperaba. Entonces, eso empezó a enfriar el crecimiento. Y con el hecho de que la economía no arrancase, las expectativas se fueron ajustando a la baja, lo que sucedió es que dólares que inyectaban, dólares que salían y no se quedaban. Es decir, la idea de la estabilización es que, si tú tienes éxito, llega un momento en que estabilizas el tipo de cambio y los dólares que tú provees son dólares para la inversión, son dólares para el consumo interno. Eso no es lo que está sucediendo”, afirma.
¿Realmente está creciendo la economía?
Zambrano califica los acontecimientos del 3 de enero como un “cisne negro” que generaron un efecto inmediato sobre la economía venezolana. Algunos economistas y firmas pronosticaban en marzo un crecimiento de entre 10% y 15 % así como una estabilización del tipo de cambio, mientras que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) manejaba un crecimiento del 7 %, avalado por el propio gobierno encargado. Otros, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) fueron más discretos, con un 4 %.
Al final, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) proyectó en octubre un crecimiento de 6,5 %, el cual coincide con las estimaciones del IIES-UCAB. El investigador cuenta que el daño dejado en el país por el doblete sísmico, los compromisos fiscales derivados de la emergencia y la debilidad institucional demostrada para atender la situación llevaron a los inversionistas a frenar sus expectativas, lo que a su vez se tradujo en una desaceleración de la economía.
Por ejemplo, a pesar de abrirse la llave de las licencias petroleras en el país, la producción de petróleo se ha mantenido estancada alrededor del millón de barriles diarios de crudo, de acuerdo con cifras de PDVSA. Y en cuanto a la inflación, aunque lleva dos meses consecutivos con un descenso moderado, con un 8,5 % reportado por el BCV en septiembre, la inflación acumulada se mantiene en 225,32 % y la variación interanual en 465,58 %, lo que se ve reflejado en los altos precios de los productos y en el poder adquisitivo de los venezolanos.
A pesar de esto, el IIES-UCAB proyecta que el sector petrolero mantendrá su crecimiento de 15 %, en contraposición al 6 % de la economía no petrolera. Zambrano considera que ahí está la clave para entender por qué el repunte en la inversión petrolera no se traduce aún en una mejor situación para los hogares venezolanos. Para empezar, apunta a que las inversiones petroleras tienen un alto contenido de importaciones, por lo que no impactan sobre la demanda de bienes y servicios internos.
“Aunque todo esté creciendo en petróleo, si esa inversión tiene un alto componente de bienes y servicios importados, pues eso no lo vas a ver internamente en la economía. Por otro lado, el sector petrolero y minero en Venezuela ocupa el 1% de la población ocupada, de manera que tú puedes tener crecimiento en el sector petrolero y eso no se traduce en un incremento importante en el empleo”, comenta.
Aclara que esta situación no es nueva, y que históricamente el aporte del sector petrolero a la economía venezolana ha venido de la inyección de recursos al Estado venezolano, los cual se canalizaba a través del gasto público en empleos, servicios y subsidios. Y con el deterioro de sectores como energía, transporte, infraestructura y comunicaciones, ve difícil que los ingresos que actualmente percibe el Estado muestren mejorías en el corto plazo.
Una opinión distinta tiene Felizzola, quien es coordinador del Centro Internacional de Energía y Ambiente (CIEA) del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA). Asegura que las regiones petroleras como la Costa Oriental del Lago de Maracaibo (estado Zulia) o el sureste del estado Monagas ya se ha comenzado a notar una reactivación importante, sobre todo en las zonas de perforación. Señala que en los últimos meses se han traído generadores y transformadores para la planta eléctrica de El Furrial, que cubre las operaciones de PDVSA en buena parte de la región oriental, además de hacerse esfuerzos por recuperar las plantas termoeléctricas en Zulia.
“Por eso es que se le pide un poco de paciencia al venezolano, porque decidimos que esta recuperación es como cuando uno tiene muchos años sin hacer ejercicio, que le duele todo el cuerpo, pero hacer ejercicio es bueno, porque te está bajando el triglicéridos y el colesterol. Está pasando exactamente lo mismo. Por eso es que las regiones que no son petroleras, como Caracas, Valencia, Barquisimeto, y las zonas andinas son las que más van a tardar. No es que no se van a recuperar, es importante, pero primero va a ser en estas zonas petroleras”, asoma.
El agujero de la deuda
La economista María Antonia Moreno resalta que la factura petrolera que se está depositando en la cuenta custodia del Departamento de Energía tiene una razón de ser. Desde 2017, Venezuela está en situación de default de su deuda externa, la cual ha llegado incluso a tribunales estadounidenses. Teme que, en caso de dificultades para reestructurar la deuda, los recursos retenidos en estas cuentas puedan usarse para pagar a los acreedores.
Luego de trabajar con diferentes firmas como Lazard o Rothschild & Co. para recibir asesoría financiera sobre la reestructuración de la deuda, en junio el gobierno interino ratificó a la empresa Centerview Partners para calcular y gestionar el monto real de la deuda. Se esperaba que el informe de evaluación se entregara en julio, y aunque la empresa ha ido postergándolo, el portal Financial Times filtró en su momento que el total de deuda estimado podría ascender a los $240 mil millones.
“Ahora están apareciendo nuevos deudores, cosa que no teníamos control, porque uno de los temas que tenía el Banco Central de Venezuela, y que no cumplió, fue mantener un seguimiento de quiénes son todos los deudores. Desde el Fondo Chino, gente de la India, deudores privados venezolanos, además de los bonistas. Se habla incluso de casi 240 mil millones de dólares, más del 240 % del PIB (Producto Interno Bruto)”, calcula Felizzola.
Además, PDVSA es reconocida como parte del Estado venezolano, por lo que su filial en Estados Unidos, PDV Holding, ha sido el objetivo de todas las demandas por incumplimiento de pagos que han surgido en los últimos años. Incluyendo un litigio impulsado por los tenedores del Bono PDVSA 2020, a quienes el entonces gobierno de Nicolás Maduro ofreció como garantía el 50,1 % de las acciones de Citgo Holding.
Felizzola recuerda que, en su momento, PDVSA adquirió Citgo como una forma de vender petróleo directamente a Estados Unidos sin tener que pagar comisiones a intermediarios. En ese sentido, indicó que toda la infraestructura de Citgo está diseñada para funcionar con el crudo extrapesado venezolano, por lo que incluso en un escenario donde la empresa fuera liquidada por orden de un tribunal, sus posibles compradores igual estarían forzados a comprarle petróleo a Venezuela. Por otro lado, asegura que para la administración de Donald Trump, mantener a PDV Holding bajo control de PDVSA, ya que le permite tener una entidad en su país a la cual cobrar precisamente el pago de la deuda descontándolo de sus ventas.
Y precisamente allí es donde el ingeniero muestra sus inquietudes, pues calcula que PDVSA podría tardar entre 10 a 15 años en pagar la deuda externa, incluso 20 años bajo un refinanciamiento. Esto con una industria que apenas comienza a recibir inversiones y que requiere un aproximado de $150 mil millones para elevar su producción nuevamente a los 3 millones de barriles diarios que hacía en 1998. Eso sin contar los gastos de recuperación de carreteras, sistemas eléctricos y el sueldo de sus trabajadores, que ronda los $1 diarios, de acuerdo con denuncias de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela.
“Tranquilamente tendrían que darnos por lo menos unos tres o cuatro años de pausa en las deudas, solamente pagando intereses sin pagar capital, mientras PDVSA logra recomponer la producción petrolera para alcanzar alrededor de unos 2 o 3 millones de barriles para después sí empezar un tema de repago de deuda”, diagnóstica.
Sembrar el petróleo
En 1936, Arturo Uslar Pietri publicó en el Diario Ahora su artículo «Sembrar el petróleo», donde proponía utilizar el dinero fácil de la entonces emergente industria petrolera para invertir en actividades económicas más estables y duraderas. Aunque ciertamente, en las décadas siguientes cada gobierno buscó aprovechar la renta petrolera para el desarrollo del país, siempre quedó al aire la idea de invertir a largo plazo en sectores que pudieran soportar las caídas en el precio del barril.
“Venezuela nunca pudo desarrollar el resto de los sectores productivos porque el sector petrolero proveía de muchísimos dólares, ciertamente, de mucho ingreso externo. Y eso hacía que el tipo de cambio fuese bajo. Es decir, el dólar era abundante y barato. Pero un dólar barato no es una buena noticia para las empresas que producen internamente. Un dólar barato significa que el país tiene capacidad para comprar afuera, y el que está adentro y quiere producir, pero tiene unos costos más elevados que los que están produciendo afuera, entonces no es competitivo”, explica Zambrano al respecto.
90 años después del artículo de Uslar Pietri, el país sigue estancado en el mismo punto, pero con la misma promesa. Felizzola y Zambrano coinciden que por la próxima década PDVSA no volverá a tener el tamaño y poder de sus años de bonanza, por lo que dejará de ser el sostén del excesivo gasto público del Estado para enfocarse en su recuperación interna y en saldar los compromisos de la deuda externa.
Esto, sumado a la competencia que abre la entrada de empresas extranjeras, y a la injerencia de Estados Unidos para asegurar sus intereses, devuelve a Venezuela al mismo punto en el que se encontraba antes de la nacionalización del petróleo en 1976. Los expertos coinciden incluso que, salvando las diferencias, es como volver al año 1936: muchas concesiones por otorgar, y un país que necesita modernizarse y combatir la pobreza.
“Aunque nosotros vemos a PDVSA como parte de Venezuela, lo cual es completamente cierto, Venezuela no es PDVSA. Venezuela puede desarrollar sectores como salud, turismo, agricultura, manufactura, servicios de todos tipos, mientras se va recuperando la economía. Y PDVSA, no vamos a decir que poco a poco va a ir desapareciendo, pero en cierta medida su influencia cada vez será menor”, pronostica Felizzola.
Publicado por Autor El Diario
