Representantes de los pueblos indígenas de Venezuela se reunieron este 18 de noviembre con una delegación de la Asamblea Nacional electa en 2015 (AN-2015), encabezada por su presidenta, Dinorah Figuera, y el diputado Ramón López, para solicitar incorporar a la mesa de diálogo la restitución del voto universal, directo y secreto para elegir a sus voceros, así como medidas para atender las dificultades que enfrentan sus comunidades.
Durante el encuentro, el dirigente indígena Romel Guzamana entregó un documento en representación de comunidades de ocho estados del país, en el que expresó su rechazo al mecanismo de elección de representantes indígenas implementado desde el año 2020.
De acuerdo con un comunicado, Guzamana cuestionó que el sistema sustituyera el sufragio directo por votaciones a mano alzada en asambleas reducidas. Expresó que este procedimiento ha sido objeto de cuestionamientos ante los tribunales venezolanos y por ello, pidió que la restitución de los derechos electorales de los pueblos originarios sea incluida entre los puntos de discusión y los posibles acuerdos del proceso de diálogo.
Por su parte, el diputado Ramón López respaldó las exigencias y sostuvo que la Constitución venezolana establece que la soberanía reside en el pueblo, por lo que la elección de sus representantes debe realizarse mediante mecanismos directos y secretos.
Rechazó los sistemas de votación de segundo grado y adelantó que integrantes de la delegación tiene previsto visitar distintas regiones indígenas para acompañar sus reclamos.
Figuera, entretanto, advirtió sobre el deterioro de las condiciones de vida de las comunidades originarias y mencionó que entre los problemas figuran las deficiencias en los servicios de salud, el repunte de casos de malaria, las dificultades para acceder al agua potable y las fallas en los servicios básicos.
La dirigente también alertó sobre los desplazamientos forzados vinculados a la explotación minera, una situación que, según indicó, ha llevado a representantes indígenas a trasladarse hasta Caracas para denunciar lo que ocurre en sus territorios. Asimismo, manifestó el compromiso de la delegación de acompañar sus demandas y promover que sean consideradas tanto en las conversaciones políticas como en las políticas públicas.
Cuestionamientos al sistema electoral indígena desde 2020
La controversia sobre la elección de representantes indígenas se remonta a 2020, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó un reglamento especial que modificó el procedimiento utilizado para escoger a los diputados de los pueblos originarios ante la Asamblea Nacional.
La normativa estableció un mecanismo de dos etapas: primero, las comunidades debían reunirse en asambleas para seleccionar voceros y, posteriormente, estos delegados participaban en asambleas generales para elegir a los representantes indígenas. La votación se realizaba de manera pública y a mano alzada, en lugar de mediante el sufragio directo y secreto de los electores.
El procedimiento recibió críticas de organizaciones de observación electoral y especialistas, que señalaron que restringía la participación de las comunidades al trasladar la decisión a un grupo de delegados.
La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea también cuestionó el mecanismo aplicado en los comicios regionales y municipales de 2021, cuando 4.334 delegados fueron seleccionados en una primera etapa para elegir posteriormente a los representantes indígenas. Su informe calificó el proceso de opaco y advirtió que la elección de segundo grado no respetaba los principios constitucionales del sufragio directo y secreto.
Minería y deficiencias sanitarias entre las principales preocupaciones
Las denuncias sobre las condiciones de vida de las comunidades indígenas también han sido documentadas por organizaciones de derechos humanos. En junio de 2025, Provea, junto con la organización Wayamoutheri y la coalición ODEVIDA, presentó un informe sobre los riesgos que enfrentan los pueblos y liderazgos indígenas.
El documento registró amenazas, problemas de supervivencia, falta de atención sanitaria y presiones relacionadas con el avance de actividades extractivas legales e ilegales. También alertó sobre el aumento de enfermedades como la malaria y la tuberculosis en zonas como el Alto Orinoco, en Amazonas.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió en su informe anual de 2025 sobre la persistencia de problemas de acceso a servicios médicos en territorios indígenas. En particular, señaló que en el Alto Orinoco numerosos ambulatorios permanecían cerrados, existía insuficiencia de personal sanitario y había dificultades para acceder a medicamentos, transporte y atención de emergencias. El organismo también relacionó la expansión de la minería ilegal y la presencia de grupos armados con la contaminación de ríos, la propagación de enfermedades y el desplazamiento de comunidades.
En marzo de 2026, Provea publicó otro informe sobre los efectos del extractivismo minero en la Amazonía venezolana, con énfasis en los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro. La investigación abordó el impacto de estas actividades sobre los territorios indígenas y el ambiente, así como las consecuencias de la emergencia humanitaria que afecta a las poblaciones de esa región.
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Publicado por Autor El Diario