La victoria del Partido Demócrata en las elecciones de medio término de Estados Unidos, en las que logró recuperar el control de ambas cámaras del Congreso, abre un nuevo escenario político para el presidente Donald Trump y que, según expertos, podría tener repercusiones en la relación de Washington con Venezuela.
De acuerdo con diversos análisis de expertos, aunque los resultados no implican necesariamente un cambio inmediato en la política exterior estadounidense, los demócratas tendrán mayores herramientas legislativas para investigar las decisiones del Ejecutivo, solicitar información y exigir explicaciones sobre los acuerdos alcanzados con las autoridades venezolanas.
La venezolana Laura Dib, directora del Programa para Venezuela de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), consideró que el cambio de mayorías en el Congreso no supondrá necesariamente una modificación sustancial de la política exterior de Estados Unidos, debido a que esta continúa bajo la conducción del Ejecutivo. No obstante, advirtió que las decisiones de Trump estarán sometidas a un mayor costo político y escrutinio legislativo.
“La política exterior sigue en manos del Ejecutivo, así que es poco probable que cambie sustancialmente. Sin embargo, el costo político de sus acciones ahora es mayor”, escribió Dib en su cuenta de X.
La directora del programa para Venezuela de WOLA señaló que la defensa de la democracia venezolana cuenta con respaldo de los dos partidos estadounidenses, por lo que prevé mayores exigencias para que se cumplan compromisos relacionados con la convocatoria de elecciones presidenciales y la liberación incondicional de los presos políticos.
“Como he dicho antes, la lucha por la democracia en Venezuela goza de apoyo bipartidista. La presión por el cumplimiento de hitos democráticos, como elecciones presidenciales y libertad incondicional para los presos políticos, posiblemente aumentará”, expresó.
Los puntos de atención de los legisladores
En cuanto a los asuntos que podrían concentrar la atención de los legisladores, Dib mencionó los acuerdos petroleros con NABEP y otros negocios extractivos, como la minería. También anticipó que el Congreso podría exigir la publicación de la presunta auditoría de KPMG a la cuenta del Tesoro donde se administran los ingresos provenientes del petróleo venezolano.
Otro de los temas que, a su juicio, podría quedar bajo revisión es la colaboración militar con el gobierno interino de Delcy Rodríguez. Al respecto, mencionó dos operaciones que se ejecutaron en Las Claritas, estado Bolívar, y otra en Apure.
Dib también recordó que el Congreso destinó 50 millones de dólares a programas de democracia y derechos humanos para el año fiscal 2026. En ese sentido, prevé que los legisladores soliciten explicaciones sobre el uso de esos recursos y la asistencia extranjera destinada a Venezuela.
Los acuerdos petroleros, entre las primeras investigaciones
El periodista David Alandete, corresponsal de ABC en la Casa Blanca, coincidió con Dib en cuanto a la posible investigación de los acuerdos petroleros entre el gobierno de Trump y la administración encargada de Rodríguez. En una publicación en su cuenta de X, el comunicador señaló que los demócratas llevan meses preparando una serie de investigaciones sobre las decisiones de la administración de Donald Trump relacionadas con Venezuela.
Explicó que los legisladores han enviado comunicaciones a la Casa Blanca y a varios integrantes del gabinete, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, para solicitar información sobre distintos asuntos vinculados con la relación entre Washington y Caracas.
Uno de los principales focos de estas investigaciones serían los acuerdos petroleros suscritos por Estados Unidos, especialmente el relacionado con el empresario Alejandro Betancourt. Según Alandete, este acuerdo contempla el acceso a 17 yacimientos y una participación de 35 % para Estados Unidos.
Los demócratas buscan conocer quiénes participaron en las negociaciones, cuáles fueron los beneficios obtenidos por cada parte y si algún funcionario estadounidense intervino para favorecer a Betancourt en investigaciones judiciales.
“Quieren todos los acuerdos petroleros firmados por Washington, especialmente el de Betancourt, que concede acceso a 17 yacimientos y una participación del 35 % a EEUU”, indicó el periodista.
Otra de las líneas de investigación estaría relacionada con los ingresos provenientes del petróleo venezolano, que Alandete estima en más de 13 millardos de dólares. Los legisladores quieren determinar quién controla las cuentas en Qatar, quién autoriza los desembolsos, quiénes reciben los beneficios y qué resultados arrojan las auditorías de KPMG.
A esto se suman los acuerdos entre Delcy Rodríguez, Betancourt y la Administración Trump, así como las comunicaciones que mantuvo Washington con compañías petroleras como Chevron y Exxon antes y después de la captura de Nicolás Maduro, el 3 de enero de 2026.
El interés de los demócratas también abarcaría los compromisos de Estados Unidos con una transición democrática en Venezuela. En ese ámbito, buscarían aclarar cuáles son los plazos previstos para la celebración de elecciones, qué compromisos asumió Rubio y cuál es la situación de los presos políticos.
Alandete recordó que algunas de estas solicitudes de información ya fueron presentadas, pero los republicanos bloquearon determinadas citaciones y el Departamento de Estado entregó solo parte de la documentación requerida. Con el control de ambas cámaras, los demócratas tendrán mayores facultades para impulsar estas investigaciones mediante audiencias, citaciones a funcionarios y nuevos requerimientos de información.
“No son simples amenazas. Hay cartas, solicitudes de documentos y expedientes abiertos. Hasta ahora los republicanos podían bloquear muchas de estas iniciativas. Desde enero, los demócratas podrán convocar audiencias, citar a responsables y exigir documentación”, afirmó.
Sin cambios en la estrategia hacia Venezuela
El politólogo Walter Molina también consideró que la nueva composición del Congreso estadounidense no necesariamente cambiará el rumbo de la política estadounidense hacia Venezuela. Sin embargo, advirtió que los acuerdos alcanzados entre Washington y las autoridades venezolanas podrían quedar sometidos a una mayor supervisión.
Molina relacionó este escenario con los recientes movimientos del secretario de Estado, Marco Rubio, quien, según su interpretación, precisó algunos elementos del denominado plan de tres fases para Venezuela. Entre ellos mencionó la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Consejo Nacional Electoral (CNE), una posterior declaración de falta absoluta presidencial y la celebración de elecciones en un plazo de seis meses.
El politólogo también destacó la reunión de Rubio con Oliver Blanco, nuevo canciller venezolano, y consideró que estos movimientos forman parte de una estrategia que busca avanzar hacia un proceso electoral.
A su juicio, la celebración de elecciones libres y la conformación de un gobierno democrático, legal y legítimo también tendrían implicaciones para Estados Unidos, pues permitirían dar respaldo institucional a los acuerdos internacionales alcanzados con Venezuela.
“Que Venezuela logre llegar a elecciones libres y que un gobierno democrático, legal y legítimo pueda avalar los acuerdos alcanzados será la mejor defensa para la propia administración Trump. Sobre todo, ahora que tendrá un Congreso adverso”, planteó.
Al igual que Dib y Alandete, Molina identificó los acuerdos petroleros como uno de los asuntos que podrían generar mayor interés entre los legisladores demócratas. En particular, mencionó el caso de NABEP y los negocios relacionados con Alejandro Betancourt.
El politólogo también resaltó la importancia de mantener el respaldo bipartidista a la causa democrática venezolana en Washington. En ese contexto, destacó el trabajo de María Corina Machado y su equipo con representantes de ambos partidos, así como la permanencia en el Congreso de los republicanos María Elvira Salazar, Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart, aliados de la oposición venezolana, según señaló.
Los análisis de los tres expertos coinciden en que el cambio de mayorías en el Congreso estadounidense podría traducirse en un mayor control sobre las decisiones de la administración Trump relacionadas con Venezuela, sin que ello implique necesariamente un giro en su política hacia el país.
Los acuerdos petroleros, el manejo de los ingresos, la cooperación militar y los compromisos para avanzar hacia una transición democrática figuran entre los asuntos que podrían quedar bajo mayor escrutinio legislativo a partir de enero de 2027.
Publicado por Autor El Diario
